Los vecinos de Lleida piden que el contrato de basuras permita descuentos y multas por el reciclaje

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) reclamó ayer que el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras permita bonificaciones en la tasa para “premiar” a los ciudadanos que reciclan y también sanciones para los que no lo hacen debidamente. Una propuesta que hizo su presidente, Toni Baró, después de que este diario adelantara las condiciones del nuevo contrato, que durará 10 años, está valorado en 309 millones de euros y se debatirá en el pleno de este mes. “Lo anunciaron [bonificaciones y recargos] hace ya varios años para los barrios con la recogida puerta a puerta pero por el momento no nos consta que se haya avanzado en este aspecto y creemos que es clave para motivar a la ciudadanía a que recicle más, si no lo hacen por una cuestión de principios o convicción, que lo hagan por ahorro, pero se debe compensar al que lo hace bien y castigar al que no”, dijo Baró. 

En este sentido, también propone que todos los contenedores, sean de la fracción que sean, tengan un sistema de apertura automática con un llavero con chip o una aplicación móvil. El pliego de condiciones del nuevo contrato solo prevé incorporar esta tecnología a los de la fracciones orgánica y resto y Baró cree que generalizarlo mejoraría el reciclaje. “Es una buena medida, pero creemos que no debe quedarse solo para los de orgánica y resto, deberían tenerlo todas las fracciones y es una medida que ayudaría a aumentar los niveles de reciclaje en toda la ciudad”, señaló Baró. 

Según los últimos datos facilitados por el ayuntamiento, el nivel de recogida selectiva es del 37,8%. Cabe recordar que la Generalitat ha marcado por ley que en 2035 la tasa de reciclaje mínima de los municipios sea del 65%. En cuanto a la implementación de la recogida puerta a puerta en Llívia, Sucs y Raimat, Baró consideró que “es un sistema que puede llegar a funcionar” por la tipología de viviendas que hay en estas poblaciones.

El grupo municipal del Comú reclamó un mayor control del servicio que preste la concesionaria, como también pidieron ayer el PP y ERC, y que el ayuntamiento “está pagando por servicios que no se dan”. También dudó que con este contrato se cumplan los objetivos de reciclaje marcados por la Generalitat.