La ley de vivienda, ineficaz

“El derecho al acceso a una vivienda digna, pese a ser uno de los elementos esenciales que orienta la política social y económica de los gobiernos estatales y autonómicos, no es reconocido formalmente como un derecho fundamental”. Esta es la primera conclusión del trabajo de fin de grado del leridano Pau Castany, que este junio se ha titulado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universitat de Lleida (UdL). Su investigación, en la que desarrolla por qué la última ley de vivienda se está ejecutando de forma “descuidada y poco garantista”, ha obtenido matrícula de honor y ha sido distinguido en los últimos premios del Consell Social de la universidad.

Castany, que abordó una cuestión que está en el centro de la actualidad ante la dificultad del acceso a una vivienda, explica que “pese a que la regulación es estricta, no hay consecuencias si se vulnera”. Además de la falta de regulación para los incumplimientos, en su estudio indica que el concepto de gran tenedor es “sobrio e impreciso” porque en Catalunya son los titulares de 5 o más viviendas y en el resto del Estado de 10, y añade que “puede darse el caso de que al propietario de todo un bloque de pisos solo le compute como una vivienda”.

También explica que “la contención de los alquileres es teóricamente una medida temporal, pero en la misma ley de vivienda se incorporan artículos en los que se indica que en 2024 se crearía un índice y tiene vocación de perdurar en el tiempo”. Por otra parte, considera que la declaración de zonas tensionadas “quizás ha perdido el sentido y se ha calibrado mal” porque afectan al 90% de la población catalana. Así, valora que “si todo el mercado está tensionado no tiene mucho sentido diferenciar zonas” y añade que “un tribunal ha declarado que Barcelona, una de las ciudades donde más han subido los precios de los alquileres, no cumple los requisitos para ser declarada como una zona tensionada”. Finalmente, Castany asegura que “el hecho que los arrendamientos de habitaciones o de temporada queden fuera del ámbito de aplicación de la ley no provoca nada más que la disminución de la oferta de vivienda para uso residencial”. Con todo, concluye que “la contención de la renta constituye la máxima expresión del fracaso de la legislación aprobada”, ya que el incremento anual de 2022 fue del 7,70%. “No tendrá éxito sin medidas que garanticen su cumplimiento ni sin medidas complementarias que favorezcan la inversión y la oferta de vivienda, como medidas fiscales”, asegura.