Propondrán usos en los terrenos de la cárcel para sacarla de la ciudad

La Paeria pidió ayer a las asociaciones de vecinos de Ciutat Jardí y Joc de la Bola-Camp d’Esports que hagan llegar sus propuestas sobre futuros usos del terreno donde actualmente hay el Centre Penitenciari Ponent. Cabe recordar que tanto el ayuntamiento como la Generalitat, que es la administración titular del equipamiento, se han planteado el traslado de la cárcel fuera de la trama urbana, aunque la Generalitat no descarta reformarla en su ubicación actual. El consistorio hizo esta petición ayer a los representantes vecinales durante la reunión de la Taula Cívica para el traslado de la cárcel, que los vecinos llevan años reclamando.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, presidió el encuentro y pidió a las entidades que hagan propuestas para la futura reorganización del espacio, unos 30.000 metros cuadrados de superficie que podrían quedar liberados en un futuro, permitiendo así la reordenación de esta parte de la capital del Segrià. “Tenemos la vocación de llegar a un acuerdo con la Generalitat y para nosotros es importante que todo esto esté ya incorporado dentro del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM)”, afirmó Larrosa. También asistieron la primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, personal técnico y los presidentes de las asociaciones vecinales Ramir Bonet (Ciutat Jardí) y Antoni Vila (Joc de la Bola), entre otros. La Taula Cívica, que se constituyó en julio del año pasado, quiere promover la participación ciudadana y buscar soluciones consensuadas para ser una herramienta útil para que el Govern pueda tomar la mejor decisión respecto al Centre Penitenciari Ponent.

Se trata de una vieja penitenciaría que aúna las antiguas Lleida-1, construida en 1954, y Lleida-2, levantada en 1984. La primera es de construcción radial y la segunda es un edificio modular. Ambas se integraron en el año 1991, siendo la segunda más antigua de Catalunya. Los últimos governs han planteado varias posibilidades, desde una reforma total hasta su traslado. Justicia debe decidir dónde y cuándo la construye o si por el elevado coste de los trabajos –se habló de unos 120 millones– , opta por renovarla en su actual ubicación.