Autobusos lleva a la Paeria al juez para pedir una subvención mayor

La concesionaria del servicio de transporte urbano, Autobusos de Lleida-Moventis, ha llevado a la Paeria a los tribunales al estar en desacuerdo con la actualización del precio por kilómetro y la liquidación de la subvención del servicio (con la que se cubre el déficit) correspondiente a varios años. En concreto, actualmente hay demandas activas por parte de la empresa en el juzgado contencioso administrativo de Lleida relativas a esas cuestiones de los años 2015, 2018, 2020, 2021 y 2022, al menos. Los recursos judiciales llegan después de haber interpuesto también recursos de reposición en el ayuntamiento, que este desestimó, y cuando falta poco para que expire la actual concesión, el próximo 31 de diciembre. El actual gobierno municipal la prorrogó dos años y el anterior, un año y medio.

Cada año, el consistorio transfiere una partida millonaria a Autobusos para cubrir el déficit de explotación del servicio (la diferencia entre sus costes y el dinero que pagan los usuarios por los billetes). En 2023, presupuestó 7,6 millones para este fin, pero según la liquidación finalmente aportó 8,09. El déficit se ha incrementado de manera exponencial desde la privatización del servicio de autobuses en 2003, año en el que la transferencia fue de ‘solo’ 2,46 millones. En 2012 ya había ascendido hasta los 5,35 millones y a 8 en 2020, ejercicio en que la concesionaria se vio afectada por las restricciones por la pandemia de Covid y pidió a la Paeria una renegociación del contrato, pero esta lo denegó. En 2021, la transferencia fue de 8,5 millones.

Por su parte, una portavoz municipal confirmó la notificación del recurso interpuesto por Autobusos de Lleida, pero remarcó que aún no disponen del contenido de la demanda, que los servicios jurídicos estudiarán para dar respuesta. Recordó que el pliego de condiciones del servicio de transporte urbano de viajeros de Lleida establece que la empresa concesionaria debe presentar anualmente una liquidación de costes del servicio basada en el precio del kilómetro realizado. Añadió que la propuesta de liquidación es revisada por los técnicos municipales siguiendo los criterios que determina el propio pliego y también las auditorías externas, y después es aprobada por la junta de gobierno local. En este sentido, apuntó que “en la aplicación del pliego de condiciones se producen diferentes interpretaciones sobre los conceptos que forman parte de la liquidación y las cantidades que la empresa solicita”.