Los juzgados de Tremp y Vielha no dictan ni una sola sentencia en catalán

El uso del catalán por parte de los tribunales sigue en retroceso. Según los datos del departamento de Justicia publicados ayer por ACN, en los partidos judiciales de Tremp y Vielha el porcentaje de sentencias escritas en catalán fue del 0% el año pasado, y en el caso del de La Seu, el porcentaje se situó en el 0,4%. En el conjunto de las comarcas leridanas, las sentencias en catalán supusieron en 2024 solo el 8,97% del total de fallos, por debajo del 9,4% registrado en 2023, año que ya marcó una caída en picado. En las dos últimas décadas, los fallos en esta lengua han bajado más de la mitad.

Según estos datos, de las 11.354 sentencias dictadas el año pasado por los juzgados leridanos, solo 1.019 fueron en catalán. En el conjunto de Catalunya, el porcentaje se situó en el 6,7%. Por partidos judiciales, en el de Lleida fue solo del 5,5% de fallos en catalán respecto al total. El de Balaguer anotó la cifra más elevada, del 33,7%, seguido de Solsona, con el 25,5% y Cervera, del 24,5%. Asimismo, un 29,2% de los abogados del turno de oficio del Col·legi de l’Advocacia de Lleida están inscritos en el programa de fomento del uso del catalán, con un aumentado respecto al año anterior. 

Por su parte, David Casellas, presidente de la comisión de la lengua del Consell de l’Advocacia de Catalunya, considera que se debería exigir el conocimiento del catalán a los jueces y fiscales que ejerzan en Catalunya, pero remarca que los más importante es que los letrados lo utilicen sin “miedo” de que les pueda perjudicar. “Es una creencia que desde el Consell intentamos desenterrar, porque sabemos que los abogados que han actuado toda la vida en catalán acaban logrando lo mismo”, asegura. 

Mientras, el miembro de la asociación de jueces Àgora Judicial y magistrado de un juzgado social de Barcelona Xavier González de Rivera considera que falta formación “efectiva” para jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios. Asimismo, cree que se debería “estimular” económicamente el uso del catalán en los juzgados.