Homs acusa al Gobierno de montar un “GAL político” contra Catalunya

El portavoz del PDC en el Congreso, Francesc Homs, anunció ayer que planteará la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja para “aclarar responsabilidades y depurarlas” sobre la supuesta trama del Gobierno central contra el independentismo conocida como ‘Operación Catalunya’. “Es un GAL político contra Cataluya auspiciado por el PP y con el conocimiento del presidente Rajoy”, señaló Homs, que apuntó directamente al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. “Ha utilizado la Policía con fines partidistas, ha utilizado la Fiscalía para afinar expedientes y lo ha dicho él mismo, y ha utilizado 1,5 millones de euros para fabricar pruebas”, aseguró Homs.

El portavoz del PDC aseveró que cuando declare mañana ante el Tribunal Supremo (TS) sobre su función en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 dirá a los magistrados que deben ser conscientes de que “están al servicio de los intereses del PP y de una operación contra Catalunya”. “El Estado español es un estado que en plena democracia ha matado. Son gente que están dispuestos a hacer muchas cosas al margen del estado de derecho”.

Por su parte, la portavoz del Govern, Neus Munté, consideró que la declaración de Homs ante el Supremo “es un hecho gravísimo”. A su juicio, el expresident de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Irene Rigau y Joana Ortega se encuentran en una situación “inaudita”. “Es la primera vez que un miembro del Govern que tendrá que declarar ante el TS por haber contribuido a dar voz a los ciudadanos”, argumentó Munté, que rechazó la propuesta de la CUP de convocar huelgas generales para impulsar el ‘procés’.

Interior dice que el exconseller “acusa falsamente” sobre el 9NEl ministerio del Interior acusó ayer a Francesc Homs, de cuestionar el funcionamiento de las instituciones “con acusaciones radicalmente falsas” con el único fin de “distorsionar” los motivos por los cuáles está implicado en la causa judicial por la consulta catalana del 9N. Según el ministerio, “su legítimo derecho de defensa no le autoriza a mentir, difamar y calumniar” a la justicia y le reclama “respeto” a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al resto de las instituciones.