TRIBUNALES CORRUPCIÓN
Chaves y Griñan, frente a un posible embargo por los ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que inicie los trámites para un posible embargo de los bienes de los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía contra los que reclama la apertura de juicio oral por el caso de los ERE, entre ellos los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La Fiscalía pide en su escrito de acusación “que se abra a cada encausado pieza separada de responsabilidad pecuniaria”. Todo ello, después de haber solicitado que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en su conjunto a 741,59 millones de euros.
La Fiscalía reclama seis años de prisión para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves
Anticorrupción solicita también al final de su escrito, que durante el juicio oral cuya apertura de reclama, se practique el “interrogatorio” de todos y cada uno de los 26 encausados, incluidos Chaves y Griñán. Además, la Fiscalía demanda que comparezcan como testigos o “testigos-peritos” más de medio centenar de personas.
La Fiscalía pide para el expresidente andaluz José Antonio Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, solicita diez años de inhabilitación especial por prevaricación continuada. Delitos que se imputan también a los exconsejeros Zarrías, Viera, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, a los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y al resto de los 26 ex altos cargos para los cuales se solicita la apertura de juicio oral.
