Madrid ofreció a Mas no emprender acciones legales por el 9-N si no valoraba el resultado

El exconseller y líder de PDC en el Congreso, Francesc Homs, aseguró ayer que un intermediario del Gobierno central le hizo saber “que ellos no harían nada” si la Generalitat no hacía su rueda de prensa tras la consulta del 9N, prevista para esa noche con el entonces presidente Artur Mas para valorar la jornada.

Homs se lo explicó el lunes ante el juez del Tribunal Supremo al declarar por su implicación en el 9N y el Periódico de Catalunya concreta que fue un contacto telefónico días antes de la consulta. En cualquier caso, Homs le dijo al magistrado que esta comunicación recibida de parte del Ejecutivo central no era algo que pudiera probar.

Arrimadas critica la actitud “irresponsable” del PP y PDC y alerta que su “juego” del 9N no servirá de nada

La gran mayoría de los magistrados rechaza la reforma del TC que llevó a cabo el PP en 2015

El líder del PDC en el Congreso confirmó ayer en una entrevista que sí existió esa oferta para que el Gobierno central no acudiera la justicia, y la tachó de surrealista y ridícula. “Son mensajes que te hacen llegar, que no los puedes demostrar”, se limitó a decir, y no quiso decir quién se lo ofreció, a quien definió como la persona intermediaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Por su parte, la portavoz del Govern, Neus Munté, apeló al secreto de las deliberaciones del Consell Executiu para no aclarar si se llegó a debatir dicha oferta del ejecutivo español. “Las deliberaciones que tenemos en el Govern son privadas, no son públicas y no se explican”, apuntó Munté.

En todo caso, la portavoz sí constató que la comparecencia de Mas y las acciones judiciales posteriores contra él y tres exconseller demuestran que no se produjo ningún pacto al respecto. “Me remito a lo que sucedió”, explicó.

Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, afirmó que su partido no sabía que el Gobierno central hubiera ofrecido al Govern no actuar contra el 9N si no hacía una rueda de prensa sobre el resultado de la votación, pero a los republicanos no le sorprende: “Es la reacción de un Estado que está contra las cuerdas”. “No sabíamos nada pero no nos sorprende. Vamos viendo cuáles son los modales del Estado”, destacó el dirigente republicano, que no descarta más actitudes de este tipo en los próximos meses.

Por otro lado, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, criticó la actitud “irresponsable” de PP y PDC y les alertó de que su “juego” para el 9-N no les llevará a ninguna parte. Dijo que los ciudadanos están “muy cansados ??de ver cómo el PP y PDC se pueden pelear en público y luego siempre pueden llegar a acuerdos en privado”, como dijo que se vio con el grupo parlamentario.

“Estaba prácticamente hecho que le querían dar grupo la misma semana que en el Parlament se votaba a favor de la independencia”, dijo Arrimadas, que preguntará al Govern en el Parlament sobre un informe sobre la independencia encargado al Institut d’Estudis de l’Autogovern.

Por otra parte, el juez ha desestimado la petición de Manos Limpias -que forma parte de la acusación popular- de presentar su escrito de acusación de forma separada al resto de partes que conforman la acusación y que actúan en esta causa bajo una única dirección, con sindicatos policiales a la cabeza.

madrid

El Tribunal Constitucional (TC) comenzó ayer en pleno el estudio de la reforma legislativa que le otorgaba capacidad sancionadora cautelar sobre quienes le desobedezcan, como podría ser el caso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y se inclina por rebajar esta potestad. En el mismo pleno, cuyo resultado se espera conocer en unos días, el alto tribunal debatió también una posible resolución sobre el conflicto que presentó el Congreso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control del Parlamento. Por lo que respecta a la capacidad sancionadora que le otorgó la reforma de su Ley Orgánica, el alto tribunal quiere resolver los recursos sobre ella antes de decidir si la aplica sobre Forcadell, como le pide el Gobierno central.

La reforma de la ley fue aprobada por la mayoría del PP en septiembre de 2015, al hilo del impulso soberanista catalán, y recurrida luego ante el Constitucional por los Gobiernos vasco y catalán. A esos recursos, posiblemente en concreto al vasco, es a los que responderá pronto el TC. La reforma preveía que el Tribunal Constitucional pudiera suspender temporalmente o imponer multas a los altos cargos que desobedecieran sus sentencias, como pudiera ser el caso de la presidenta del Parlament y otros políticos catalanes.

Fuentes judiciales avanzaron que la gran mayoría, si no la práctica unanimidad de los magistrados del Constitucional, se inclina por rebajar esta capacidad sancionadora y rechazar por inconstitucional parte de la reforma, aunque no en su integridad.