La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación a Mas, que tacha de “farsa judicial” el proceso

La Fiscalía pidió ayer diez años de inhabilitación por haber organizado la consulta soberanista del 9N de 2014 para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que tachó de “farsa” el proceso judicial. Los fiscales acusan a Mas y a sus exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, por haber promovido desde el Govern la consulta del 9N pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados -Mas como autor, Ortega y Rigau como cooperadoras necesarias- para ejercer cargos públicos electivos por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.

Tras conocer la petición de la Fiscalía, Mas compareció, acompañado de Ortega y Rigau, para acusar al Gobierno central de haber “presionado” a los fiscales para convertir el 9N en un “gran aquelarre judicial”. Mas consideró un “honor” ser procesado por “poner la cara” para consultar a los ciudadanos y denunció que “esto de la democracia y de la separación de poderes produce auténtica urticaria” al Estado, mientras que Ortega defendió la actuación de los tres procesados: “Lo volveríamos a hacer”, dijo.

Junqueras apoya a Mas y critica la “alergia sistemática” del Estado a la democracia

Ciudadanos pide no utilizar políticamente la acusación de Mas, Rigau y Ortega

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, aseguró que la Fiscalía demuestra “alergia a la democracia y al mandato democrático de los ciudadanos”.

La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català, Marta Pascal, por su parte, dijo que las peticiones de la Fiscalía son “un fascículo más de la vergüenza” del Estado, mientras que la nueva dirección del PDC en Lleida, encabezada por su presidente Joan Reñé, manifestó su pleno apoyo a los tres encausados.

Por otro lado, el presidente del PSC, Àngel Ros, lamentó las peticiones de inhabilitación de la Fiscalía y, si bien afirmó que los socialistas “respetarán” cualquier decisión, criticó que se “judicialice el debate político”.

El grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot se posicionó también en contra de la inhabilitación de Mas, Ortega y Rigau: “¡Poner urnas no puede ser delito!”, proclamó la confluencia de izquierdas desde su cuenta de Twitter, mientras que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, defendió no judicializar el proceso participativo y aseveró que el 9N “somos todos”.

Un mensaje análogo lanzó la CUP que expresó también en desde su perfil de Twitter su solidaridad con los tres encausados: “Votar no es ningún delito”.

Por su parte, el portavoz de C’s en el Parlament, Carlos Carrizosa, pidió al resto de partidos políticos que no se haga una “utilización política” de las acusaciones de Fiscalía. Carrizosa afirmó que no le gusta haya políticos acusados en los tribunales, pero tampoco que algunos representantes “crean que están por encima de la ley”.

Mientras, el líder del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, dijo que Mas, Ortega y Rigau “pensaban que les saldría gratis” la organización de la consulta del 9N.

Santamaría dice que saltarse la ley trae consecuenciasLa vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer en referencia a la petición de la Fiscalía de inhabilitación para Mas, Ortega y Rigau que cuando se “incumple la ley, eso tiene consecuencias”. Sáenz de Santamaría recalcó que la Fiscalía actúa “autónomamente” al hacer esa petición de pena. “Esto es la aplicación de la ley y nosotros desde luego respetamos las decisiones de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y por el Estado de Derecho”, apostilló. “Del mismo modo que cualquier ciudadano que incumple la ley sabe que eso le puede acarrear determinadas consecuencias, Mas es un ciudadano más que se está juzgando si se salta la ley y qué pena le corresponde por eso”, señaló la vicepresidenta.