Los acusados piden anular las grabaciones que destaparon la trama del ‘caso Gürtel’

El juicio del ‘caso Gürtel’ comenzó ayer siete años y medio después de ser desarticulada la red de corrupción, el mayor escándalo que afecta a un partido político y que sitúa a una docena de cargos del PP en el banquillo de los acusados. La primera jornada, dedicada a las cuestiones previas, estuvo marcada por la solicitud de los acusados, con la única excepción del cabecilla, Francisco Correa, de la anulación de pruebas.

En este juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005), la defensa del exsecretario general del PP gallego Pablo Crespo solicitó la nulidad de las grabaciones que el denunciante de la trama José Luis Peñas aportó, así como el contenido de las mimas, al no poder acreditarse su autenticidad. A la petición de nulidad se adhirieron otros tres acusados. La defensa de Crespo destacó que las grabaciones que se entregaron no eran las originales. Además hizo hincapié en que el juez que comenzó la investigación, Baltasar Garzón, incorporó los audios sin que se contrastase el contenido de las mismas al ser transcritas, ni la “cadena de custodia”. Este caso le costó la inhabilitación a Garzón, que había dado luz verde a la grabación en prisión de conversaciones entre acusados y sus abogados.

Francisco Correa renunció a plantear cuestiones previas ante el tribunal. Correa aclaró que se trata de un gesto de buena voluntad y negó que esté negociando un pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Este gesto se suma a otros lanzados en los últimos días por Correa.

En este sentido, el abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas insinuó que tres de los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, ya que serán los primeros en declarar. Bárcenas aseguró que se ha vulnerado su derecho a la defensa al no poder pagar a sus abogados por el embargo de sus bienes.

Ana Mato, encausada en este procedimiento en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo, al igual que el PP, finalmente no compareció ayer al juicio y será representada por la letrada Julia Muñoz Cañas.

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Los abogados del PSOE y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejercen la acusación popular, insistieron en que se cite como testigo durante el juicio al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que fue vicesecretario del PP de 1999 hasta 2003. en principio, se trataría de una posibilidad que tendría poco recorrido, ya que se había solicitado su declaración durante la instrucción del caso y esta no prosperó. Las acusaciones defienden que el presidente en funciones se siente a declarar no por su cargo actual, sino por las responsabilidades que ostentó en el PP durante los años en los que funcionó la trama Gürtel, que significa correa en alemán, el mismo nombre que el presunto cerebro de la red corrupta.

Por su parte, la dirección nacional del PP afronta con tranquilidad el arranque del juicio del ‘caso Gürtel’ y no cree que este caso pueda tener incidencia en los pactos para intentar formar Gobierno. Eso sí, consciente de que este asunto centrará el foco mediático estas semanas ha enviado un argumentario interno a sus cargos para que recalquen que los afectados en esta causa fueron expulsados de la formación y subrayen que en España “quien la hace la paga, sea quien sea y se llame como se llame”.

Fuentes del PP consideran que este caso está “amortizado” y no creen que pueda tener repercusión ni en las negociaciones para una investidura de Rajoy ni en una posible campaña electoral si hay de nuevo comicios, máxime cuando, según recuerdan, el PP también podría recordar el caso de los ERE en Andalucía.

Entretanto, e l secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos, aseguró que “el arranque del macro juicio de Gürtel, con el PP sentado en el banquillo, es el reconocimiento a la lucha de quienes combatieron la corrupción”.