PANORAMA
Puigdemont anuncia 7.000 empleos públicos en sanidad, educación, seguridad y hacienda
Reclama los presupuestos para poder hacer una mejor gestión en un discurso de corte muy social y económico || Apuesta por un salario mínimo de mil euros al mes y por el empleo estable
El President, Carles Puigdemont, anunció ayer una convocatoria de oferta pública de 7.000 puestos de trabajo en los Presupuestos de 2017. En su hora y 45 minutos de discurso en el Debate de Política General, más marcado por aspectos sociales y económicos que por el proceso soberanista, dijo que serán 2.500 plazas para médicos y enfermeras; 2.000 para maestros; 500 para Mossos; 150 para los Bomberos y 300 en busca de personal tributario: “Son plazas de servicios esenciales que conformarán parte del capital de la administración que queremos, del presente y del futuro”.
El ministerio de Hacienda amenaza con recurrir la oferta pública de empleos si supera la tasa de reposición.
Carga contra los incumplimientos del Estado y defiende el Corredor Mediterráneo
Puigdemont destacó que fortalecer la Agencia Tributaria de Catalunya requerirá más personal no solo para recaudar sino para una eficaz lucha contra el fraude. Destacó en más de una ocasión la necesidad de aprobar los Presupuestos de 2017, un proyecto para el que necesita convencer a la CUP, que tumbó el proyecto de cuentas de este año y que le llevó a someterse a una cuestión de confianza que ha superado con el apoyo de los cupaires.
Sin citarlos directamente, recordó que un 73 por ciento del presupuesto de la Generalitat que rechazaron estaba destinado a partidas sociales para mejorar el bienestar; sobre todo, de las familias más vulnerables. “Esperemos que los próximos presupuestos lleguen a buen puerto”, insistió.
En materia laboral, apostó por avanzar hacia un marco catalán de relaciones en pos de empleo estable y contra la precarización, por lo que trabajan por consensuar con los agentes económicos y sociales un salario mínimo de 1.000 euros al mes, por la simplificación contractual y por evitar la exclusión social. Negó “fuga de empresas” en Catalunya, y reivindicó que lidera la creación de sociedades en España desde 2012, cuando empezó el proceso soberanista. Defendió la importancia de las oficinas catalanas en el exterior: “Por cada euro invertido en las oficinas catalanas en el exterior, obtenemos 49 en exportación y 26 en inversión extranjera”. Cargó contra el Estado por la situación de Rodalies e insistió en definir el Corredor Mediterráneo como la “espina dorsal” de la conexión de Catalunya con Europa, y en reclamar la gestión autónoma de infraestructuras como los puertos para que no estén “subyugadas a una política centralista”. Fueron solo algunos de los reproches al Estado, como la denuncia de que solo aporta el 18% de los fondos para dependencia, cuando deberían ser un 50%.