POLÍTICA SOBERANISMO
El Govern pide ayuda a la ONU por la “persecución” al soberanismo
La conselleria de Exteriores de la Generalitat envió sendas cartas el 29 de agosto al Consejo de Europa y a Naciones Unidas en que advertía a ambas instituciones de una “persecución de cargos electos” por adherirse a la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015.
Las cartas iban dirigidas al comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa Nils Nuiznieks y al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Alhussein. La decisión de enviar la carta responde al “cumplimiento” que hace el Govern de una resolución del Parlament, que instó a la Generalitat a trasladar a los organismos internacionales competentes dicha “persecución”.
Esa resolución, del 23 de junio de este año, “constata el carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas y la vulneración de derecho de cargos públicos catalanes y la utilización de las instituciones jurídicas por parte del Estado con la intención de vulnerar derechos fundamentales de cargos electos impidiendo el mandato de los ciudadanos” en las elecciones del 27 de septiembre de 2015.
En este sentido, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, consideró que las cartas enviadas por el Govern a la ONU son “ridículas” porque España es un Estado democrático de derecho miembro de la UE.
La consellera de Presidencia, Neus Munté, por su parte, defendió que el Govern entiende que tiene todo el derecho a comunicar a la ONU “la persecución de demócratas que se está produciendo en el Estado español”, ya que aseguró que se trata de una vulneración de los derechos humanos.
Munté explicó además que la Generalitat incorporará en los Presupuestos de 2017 una partida para articular la celebración de un referéndum para “responder y ser coherentes” con los mandatos de legislatura aprobados en el Parlament.
Por otro lado, los secretarios del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) entregaron ayer al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el auto en que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la hoja de ruta independentista. La resolución se notificó también a los miembros de la Mesa del Parlament y a los miembros del Consell de Govern.