La Inspección del Banco de España veía a Bankia inviable antes de la salida a Bolsa

Los cuatro correos electrónicos que remitió el inspector del Banco de España José Antonio Casaus a su superior y que fueron incorporados a la causa ‘Bankia’ que investiga la Audiencia Nacional cuestionan la viabilidad de la entidad nacionalizada por sus “muy graves y crecientes problemas de rentabilidad” y advierten sobre las consecuencias de la salida a Bolsa, que se produjo apenas dos meses después de estas conclusiones.

Se trata de cuatro correspondencias publicadas ayer y que emite Casaus a Pedro Comín, director general adjunto de supervisión del Banco de España, en las que se refiere a la “débil capacidad” de crear recursos del Grupo Bankia y advierte claramente de que la operación bursátil sin llevar a cabo las reformas pertinentes no funcionaría y crearía “quebranto” al contribuyente.

La salida a Bolsa de Bankia se produjo dos meses después de las conclusiones del inspector

Las notificaciones, correspondientes al 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011 y que habían permanecido ocultas hasta el momento, se adhieren a la causa que instruye el juez Fernando Andreu, a petición de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación en la causa que instruye la Audiencia desde 2012.

“Solo es una bombona de oxígeno que permitirá cumplir temporalmente con los nuevos requisitos de solvencia pero que no logrará transformar la estructura de Bankia. Terminará en el medio plazo con la venta a bajo precio del banco cotizado, pues no generará beneficios recurrentes, y con el Estado nacionalizando BFA supondrá un quebranto para los contribuyentes”, explica en uno de los correos.

Tras el diagnóstico, en el que advierte de que la liquidez es la “principal amenaza” y que la solvencia es “insuficiente con la nueva normativa” (Basilea III), Casaus apunta que el “tratamiento para el enfermo” pasa por un cambio de control que integrara a la entidad nacionalizada en un grupo “con suficiente fortaleza financiera”, siempre haciendo hincapié en que la solución tenía que ser “exógena” y “estructural”.

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El líder de la trama Gürtel Francisco Correa detalló ayer ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional las empresas implicadas en el pago de comisiones a cambio de su mediación para obtener obra pública a través del extesorero del PP Luis Bárcenas. Aseguró que la leridana Ros Roca, OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios y añadió que su organización mediaba ante los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros.

Correa explicó que la empresa de Tàrrega Ros Roca, especializada en el tratamiento de residuos, utilizó sus servicios para conseguir las licencias necesarias para construir una planta de generación eléctrica mediante purines en Castilla y León. Según su relato, él y algunos de sus colaboradores, entre ellos Bárcenas, pasaron a tener una participación en la nueva empresa a cambio de la gestión. Correa explicó que Ros Roca le dejó a deber 120.000 euros por su intermediación en la concesión de unos créditos en Colombia: “No me trataron muy bien”.

Correa aseguró que abonó comisiones de entre el 2 y el 3 por ciento a Bárcenas, derivadas de su mediación en adjudicaciones de obra pública. “Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes...”, explicó. Indicó que con esta práctica “ahorró mucho dinero al PP”. “No sé si 1.000 millones o más o menos”, dijo y precisó que entregaba el dinero a Bárcenas en la sede del PP, en la calle Génova, o en su casa.

Lo que quiso también aclarar es que la ruptura que se produjo con la llegada del presidente Mariano Rajoy no fue porque hubiera mala relación con el número dos de la trama, Pablo Crespo, como dijo el jueves, sino porque contrató a un exasesor de Aznar” que tenía “problemas graves con Mariano Rajoy y muchas personas del PP”. También aclaró que fueron tres los coches que regaló a Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato.