La Moncloa impugna ante el Constitucional la resolución sobre el referéndum en Catalunya

El Gobierno central presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) un nuevo incidente de ejecución de sentencia contra varias resoluciones aprobadas recientemente por el Parlament que impulsan el proceso constituyente, entre ellas, la que avala la celebración de un referéndum en 2017 con o sin el aval del Estado.

Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que cuestionó la legalidad de seis resoluciones aprobadas por la Cámara catalana el pasado 7 de octubre al existir un “incumplimiento” de la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre.

Santamaría dice que el President sólo podría negociar “con 47 millones de españoles”

El Gobierno ya solicitó al Tribunal de Garantías la nulidad de otra resolución aprobada por el Parlament el pasado 27 de julio, la que dio inicio al denominado proceso de “desconexión” de Catalunya con España.

De hecho, el TC ya se ha pronunciado al respecto y acordó de forma unánime su nulidad. El Tribunal de Garantías también pidió a la Fiscalía que estudie proceder contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, después de que así se lo solicitara el propio Ejecutivo.

En esta ocasión, el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy volverá a reclamar al Tribunal de Garantías para que requiera personalmente a Carme Forcadell; a los demás miembros de la Mesa de la institución y su secretario general; así como al President y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, según explicó Santamaría.

El objetivo de esto, señaló, es que esas personas “se abstengan de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas” y, también, que se deduzca “testimonio de particulares” para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, “ejerza las acciones que correspondan ante el tribunal competente acerca de la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido”.

Otras resoluciones impugnadas son la que apunta a que el Parlament constituirá en el plazo de un mes una comisión de seguimiento del proceso Constituyente “con el objetivo de amparar las diferentes fases del proceso y velar por la definición y el desarrollo del programa, el calendario y los presupuestos”. También, la de que el Parlament “alienta a los ayuntamientos a impulsar los debates constituyentes desde el ámbito local promoviendo la participación de la sociedad civil”. Como también la que insta al Govern a “proveerse de las herramientas necesarias para convocar las elecciones constituyentes en los seis meses siguientes al referéndum en el caso de que la opción independentista consiga más del 50% de los votos favorables”.

barcelona

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, se comprometió ayer a conducir Catalunya hacia la independencia “a la manera catalana”, en un tránsito con las “máximas garantías” jurídicas, con “rigor, certeza y seguridad”. Puigdemont expresó su compromiso de “construir un Estado de Derecho, con separación de poderes, no como tristemente pasa en la situación en la que nos encontramos en el Estado español”. El President denunció que la “imparcialidad legal” en España “hoy está atacada” y recordó que recientemente el Consejo de Europa dejó “en evidencia” al Gobierno del Estado al alertar del “uso político de los tribunales”. Además, respecto a la impugnación sobre las resoluciones del Parlament, dijo que “no es ninguna sorpresa” y la del Estado es una reacción “previsible”. “Hace pocos días yo fui a Madrid reclamando diálogo, haciendo propuestas, esperando una correspondencia. Y la respuesta del Gobierno es una cadena de impugnaciones”, consideró. También aseguró que la impugnación es una manera de “edulcorar” al PSOE con respecto a la investidura de Mariano Rajoy.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que Puigdemont “no es quién para negociar algo que no le corresponde” y señaló que sólo podría sentarse “con 47 millones de españoles que son los que tienen capacidad de negociación” sobre la soberanía.

Movilización masiva contra la judicialización del procesoEntidades soberanistas como ANC y Òmnium preparan una movilización por los recursos judiciales contra el proceso soberanista. Según Nació Digital estas organizaciones están empezando a planificar una “movilización masiva” para defender a los políticos implicados en el proceso en un punto en el que se prevé que los diversos casos en marcha cojan fuerza. La convocatoria será, previsiblemente, en noviembre. Según el rotativo, la convocatoria apenas se está planeando y ayer tuvo lugar las primeras reuniones para encontrar apoyos. Sin embargo, aún no hay nada cerrado, ni respecto a los detalles del acto ni respecto a fechas.