El Parlament da el primer paso para anular los consejos de guerra del franquismo

El Parlament acordó ayer admitir a trámite la proposición de ley de Junts pel Sí (JxSí), Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y la CUP para declarar nulos los consejos de guerra sumarísimos instruidos por causas políticas en Catalunya durante la dictadura franquista, al no presentarse ninguna enmienda a la totalidad. Un texto que sería de hecho la primera ley de “desconexión” con el Estado ya que rompería con el ordenamiento jurídico español al anular los juicios sumarísimos de la dictadura franquista.

La diputada de JxSí Montserrat Palau denunció el “olvido sistemático de la memoria y de la reparación por parte del Estado español, que ha desoído los requerimientos, plurales y repetidos de Naciones Unidas para hacer efectiva la nulidad de las sentencias dictadas” por la dictadura y apostilló: “No se puede ser demócrata sin ser antifranquista”.

Entre 1938 y 1975, más de 3.000 personas fueron ejecutadas, 389 de ellas eran de Lleida

Desde CSQEP, Joan Josep Nuet señaló que el franquismo fue un “régimen fascista y totalitario que destruía a las personas”. Mientras que la diputada de la CUP Mireia Boya retó a los grupos que no firmaban la proposición de ley a intentar impugnarla. “Corran al TC. Corran a Europa a decir que no quieren anular las sentencias del fascismo, que quieren seguir humillando a sus víctimas”, dijo.

El PSC, por su parte, presentó su propia proposición de ley, que plantea trasladar al Congreso una modificación de la ley de memoria histórica. C’s avaló la idea de anular “juicios sin garantías”, aunque señaló que es más efectiva la propuesta de los socialistas y el PP pidió no hacer de esta reclamación una “farsa”.

La norma consideraría nulos los 78.188 procesos llevados a cabo en Catalunya entre 1938 y 1975 por razones políticas. 3.358 personas fueron ejecutadas en ese periodo, de ellas 389 eran de Lleida.

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La Fiscalía se querelló ayer contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobediencia y prevaricación, al permitir votar la hoja de ruta independentista, que “dinamita” el modelo de Estado, y “con total desprecio” a la Constitución. Forcadell dijo que no se plantea ser inhabilitada y replicó que lo que “dinamita” al Estado es la “corrupción” o coartar la libertad de expresión y de iniciativa de los diputados.

En su querella, la Fiscalía atribuye a Forcadell los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) -que no acarrean penas de cárcel, sólo de inhabilitación- porque en el pleno del pasado 27 de julio permitió que la cámara catalana votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.

Forcadell denunció que la querella “demuestra” que en el Estado “no hay separación de poderes” y aseguró que está “convencida” de que cumplió con sus funciones como presidenta. Además, advirtió de que su inhabilitación sería “un ataque tan grande a la democracia” que no lo contempla “de ninguna manera”.

Por el contrario, el líder del PPC, Xavier García Albiol, afirmó que Forcadell debe dar “un paso atrás” si finalmente va a juicio, mientras que Ciudadanos mostró su respeto por la decisión de la Fiscalía y apuntó que la ley es igual para todos.

El portavoz del PDECat, Francesc Homs, consideró “una burrada increíble” la decisión judicial. ERC, por su parte, avisó que si Forcadell es inhabilitada, el Parlament actuará “en consecuencia” y la reafirmará como presidenta de la cámara, mientras que CSQEP rechazó la querella y reclamó que no se “criminalice la democracia”.

Por otro lado, la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència convocan hoy frente al Parlament una concentración de apoyo a la presidenta del Parlament por la decisión de la Fiscalía.