Forcadell: “No se puede prohibir el debate de ideas”

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de investigarla por desobediencia y prevaricación al permitir votar la hoja de ruta soberanista, alegando que no se puede prohibir el debate parlamentario porque “ni existe ni puede existir un debate de ideas ilegal”. En su escrito, Forcadell rechaza la decisión del Superior de Catalunya de investigarla, a instancias de la Fiscalía, por los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), al remarcar que esta institución “no puede obligar a nadie a controlar las opiniones y la actividad política”.

En su querella, admitida a trámite por el alto tribunal catalán, la Fiscalía acusa a la presidenta del Parlament de haber desobedecido una resolución del Constitucional, al permitir que la Cámara votara el pasado 27 de julio la hoja de ruta independentista, que “dinamita” el modelo de Estado, para impulsar por la vía de los “hechos consumados” su proyecto político “con total desprecio” a la Carta Magna.

Defiende que el TC “no puede obligar a nadie a controlar las opiniones y la actividad política”

La defensa de Forcadell ha alegado que ella no tomó la decisión de llevar al pleno las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente si no que fue “iniciativa de dos grupos parlamentarios”, en referencia implícita a JxSí y la CUP. Asegura además la defensa que Forcadell se limitó a “dirigir el debate parlamentario” de acuerdo con el Reglamento después de la solicitud de los dos grupos parlamentarios. Acusa a la Fiscalía de tergiversar parte de los hechos con el fin de poder articular la querella y, en ese sentido, considera “inadmisible” que en la querella le acuse de intentar llevar a cabo su proyecto político por la vía de los hechos.

La defensa de la presidenta del Parlament desmiente también a la Fiscalía en que haya sido Forcadell la que pidió un informe a los servicios jurídicos del Parlament sobre la prohibición del Constitucional, sino que “fueron estos, a iniciativa propia, quienes lo elaboraron y trasladaron a la Presidencia”.