TRIBUNALES YIHADISMO
Investigado un diplomático leridano por no prevenir un ataque en Kabul
Era el número dos de la embajada cuando 2 policías murieron en un atentado contra la legación || La Audiencia Nacional admite una querella contra él y el embajador
Un hombre supervisa los destrozos tras el ataque talibán contra la embajada en diciembre de 2015.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra el embajador y el segundo embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda y el leridano Oriol Solá, respectivamente, por falta de medidas de seguridad en el atentado contra la Embajada en Kabul en 2015, en el que murieron dos policías españoles. El magistrado admite la querella presentada por los familiares de uno de los policías fallecidos y otras víctimas presentada por supuestos delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa en relación con la falta de medidas de seguridad en el citado atentado, cometido el 11 de diciembre de 2015.
Según la querella, pese a las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad, Pérez de Agreda “nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia”. De acuerdo con los hechos denunciados, el 11 de diciembre de 2015 Pérez de Ágreda estaba de vacaciones en España y quedó como encargado y máximo responsable de la Cancillería Oriol Solá Pardell, que “tampoco respetaba ninguna medida de seguridad”. “Al contrario, ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio”, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas, añade.
En la mañana del 11 de diciembre se alertó por los servicios secretos franceses del riesgo de atentado contra la legación, “lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera evitado que esa tarde (alrededor de las 18 horas) un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española”, recoge el auto del magistrado. Estos hechos “tienen una primera apariencia de infracción penal” por lo que procede investigarlos, teniendo en cuenta que la competencia de la Audiencia Nacional resulta “evidente” puesto que nos encontramos ante presuntos hechos cometidos por españoles en el extranjero.
