“Forcadell será investigada por desobedecer y no por ideologías”

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirmó ayer la investigación a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y defendió que el proceso penal contra ella es por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional y no “por ningún debate de ideas”.

La presidenta defendió en su recurso de súplica -que desestima ahora el TSJC- que no tiene “ninguna facultad para restringir la libertad de expresión en el Parlament, ni puede censurar el contenido de los debates entre diputados, ni para restringir la votación de las iniciativas parlamentarias”.

Ayer mismo, Carme Forcadell, tras conocer la resolución, reafirmó en un comunicado que actuó de acuerdo con sus funciones y que la decisión implica “que por primera vez se somete por la vía penal un debate de ideas”, un hecho sin precedentes, ya que no existe norma penal que prohíba el debate parlamentario.

Por otra parte, el TSJC rechazó la petición de la acusación popular de juzgar al expresident de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por malversación de fondos además de por desobediencia y prevaricación con la consulta del 9N, supuestos delitos por los que previsiblemente sí se sentarán en el banquillo.

La Sala Civil y Penal del TSC denegó esta petición de la acusación popular encabeza por el Sindicato Profesional de la Policía y recuerda que para que existiese este delito tendrían que haberse empleado fondos públicos para “usos particulares”, bien del supuesto malversador bien de un tercero.

La acusación constituida por el Sindicato Profesional de Policía, Unión Federal de Policía, Asociación Arca Ibérica, Alberto Delgado y el Sindicato Manos Limpias defendían que los organizadores se gastaron 4,7 millones en la consulta y después de la suspensión por parte del Constitucional decidieron no suspender también los contratos.

Por su parte, el portavoz adjunto de C’s, Fernando de Páramo, advirtió que su formación que no tolerarán ningún tipo de “privilegio” para Forcadell, Mas o Francesc Homs en los procedimientos judiciales abiertos contra ellos. “No podemos permitir que los políticos se crean por encima de la ley o el resto de ciudadanos. Los políticos tienen derechos pero también obligaciones que deben cumplir”.