Los letrados del Parlament avisaron de la obligación de obedecer al TC

Los responsables jurídicos del Parlament presentaron por iniciativa propia un informe para advertir al pleno de su obligación de respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional, instantes antes de que la presidenta de la Cámara Carme Forcadell, permitiera votar la hoja de ruta independentista.

Según fuentes judiciales, así lo explicaron ayer el ex secretario general de la Mesa del Parlament Pere Sol y el Letrado Mayor de la cámara catalana, Antoni Bayona, en su declaración como testigos ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Maria Eugènia Alegret, que investiga a Carme Forcadell por prevaricación y desobediencia al TC.

Los testigos aseguraron que, ante la previsión de que el pleno del 26 de julio pasado incluyera en su orden del día la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta una vía unilateral a la independencia, decidieron de “motu proprio” presentar ante la Mesa un informe jurídico advirtiendo de la obligación de esta de impedir cualquier iniciativa que desoyera las resoluciones del TC. A petición de la Mesa, el Letrado Mayor confeccionó el pasado mes de diciembre un primer informe jurídico en el que advertía a los diputados de que debían abstenerse de desarrollar el proyecto político unilateral anulado por el Constitucional.

Según los testigos, media hora antes de que se iniciara el controvertido pleno, y sin que tuviera conocimiento de ello ni los miembros de la Mesa ni los parlamentarios, los juristas introdujeron en el orden del día un breve informe, de apenas unas líneas, en el que recordaban la obligación de acatar las resoluciones del TC. También admitieron que no elaboraron ningún dictamen sobre cómo debía proceder la Mesa ante el debate de la hoja de ruta.

Madrid estudia impugnar la partida de la consultaEl Gobierno central está estudiando la disposición adicional del proyecto de Presupuestos de la Generalitat que incluye una partida para un referéndum para impugnarla si se demuestra su vinculación con la hoja de ruta soberanista establecida en la resolución del 9-N, anulada por el Tribunal Constitucional. Así lo anunció ayer el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, para quien es una “mala noticia” que las cuentas que presentó el vicepresident, Oriol Junqueras, incluyan una partida de 5,8 millones -que es “mucho dinero púbico”, dijo-, para procesos participativos y consultas populares, sin detallar cuáles, por lo que desde el punto de vista jurídico siguen a la expectativa de ver cuál es su verdadero objetivo. Millo precisó que los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado están estudiando la disposición adicional 31 de las cuentas.