Puigdemont convoca para el 23 de diciembre la cumbre para poder preparar el referéndum

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó ayer para el próximo 23 de diciembre una cumbre para preparar el referéndum sobre la independencia en setiembre de 2017, a la que están invitados todos los partidos y entidades que formaban parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

La cumbre se celebrará un día después de que termine el pleno parlamentario en el que, si todo marcha según lo previsto, el proyecto presupuestario del Govern para 2017 será admitido a trámite con los votos de Junts pel Sí y de la CUP.

Neus Munté descarta avanzar el referéndum porque “no hay certeza” de que se inhabilite a nadie

Quince diputados británicos denuncian “persecución” del gobierno español a Catalunya

Fuentes de la Generalitat señalaron que Puigdemont presidirá, junto con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, este encuentro en la cámara catalana, donde precisamente tenían lugar las reuniones del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, inoperante desde 2015.

El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir surgió de un compromiso del entonces president Artur Mas con el objetivo de involucrar en la defensa de la independencia a la sociedad civil y no únicamente a la clase política.

Así pues, en la cumbre están invitadas las entidades económicas, sociales o culturales, así como PDECat. ERC, CUP, los representantes de los ‘comunes’, las confluencias de izquierda que integran a ICV, EUiA, Podemos y Barcelona en Comú..

La diputada de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, criticó cómo JxSí está gestionando la celebración del referéndum “No están haciendo las cosas bien. Quieren crear el estado de opinión de que si se hace el referéndum es por culpa de la CUP”.

Gabriel aseguró que vincular la celebración del referéndum a la aprobación de los presupuestos “es un chantaje a mucha gente” y añadió que no entiende cómo no hay más voces que se alzan en contra de esta postura.

Además, abrió la puerta a una huelga general “que paralice el país” en caso de que continúe lo que calificó de represión por parte del Estado, en relación a la “judicialización de la política” y manifestó que, llegado el momento, acompañar a los cargos encausados no será suficiente.

Por otro lado, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, no quiso hacer conjeturas sobre un avance de la fecha del referéndum en caso de que se inhabilite a un cargo electo o institucional como a Forcadell. “No quiero adelantar escenarios que aún no se han producido, debemos centrarnos en lo que tenemos delante de manera inmediata, trabajar para que se pueda hacer el referéndum y se puedan aprobar unos presupuestos muy necesarios”, aseguró. Además, añadió que “en ningún caso existe la certeza” de que se puedan producir inhabilitaciones en los próximos meses”.

Por su lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió en que el referéndum por la independencia de Catalunya no se podrá celebrar porque “no cabe en el actual modelo constitucional”.

La moción, publicada el miércoles en la página web del Parlamento de Westminster, se urge al Gobierno de España a “reconsiderar el procesamiento y a buscar una resolución a sus desavenencias con miembros del Parlament a través del mutuo diálogo”.

“Si fuera declarada culpable, la señora Forcadell podría ser objeto de una inhabilitación para cargos públicos y de una multa personal”, recuerda el texto. Lo firman nueve diputados del Partido Nacional Escocés (SNP), tres del galés Plaid Cymru, dos del norirlandés Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) y uno del Partido Laborista que creen que el riesgo de inhabilitación de Forcadell “sienta un precedente peligroso que podría menoscabar el apoyo público a la democracia”.

La iniciativa surge del parlamentario del SNP George Kerevan, elegido diputado en 2015 por la región de Lothian Este, muy cercana a la ciudad de Edimburgo.