El Estado rescatará ocho autopistas privadas en quiebra, con un coste de 5.000 millones

El Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros, según aseguró ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Es el caso de dos de las vías radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, la R-2 y la R-4, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda: y la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas.

“Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas”, indicó el ministro, quien garantizó que el principal objetivo de la Administración será que las infraestructuras “sigan operativas y los ciudadanos puedan utilizarlas”.

El Congreso vota hoy sobre blindar a Catalunya de nuevos peajes en las autopistas

No obstante, De la Serna aseguró que está ya en contacto con los bancos acreedores de las ocho vías con el fin de buscar un acuerdo “que facilite” su rescate. “Estamos intentando negociar con los bancos, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda”, detalló.

Según declaró en distintas ocasiones, el ministro pretende retomar el plan de rescate que el anterior equipo de Fomento planteó en marzo de 2014 y entonces no fructificó. La propuesta pasa por que el Estado, a través del ministerio de Fomento, asuma las autopistas, tras aplicar una quita del 50% a su deuda y titulizar el resto del pasivo en un bono a treinta años.

La reversión de las vías al Estado activará la denominada Responsabilidad Patrimonial (RPA), el importe que se deberá abonar a las concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción, un concepto que, según el sector, puede suponer unos 5.000 millones de euros a las arcas públicas. Las ocho autopistas quebradas, que suponen alrededor del 25% de toda la red de pago y que están en concurso desde mediados de 2012, están recuperando parte del tráfico perdido durante la crisis.

Por su parte, ICV pidió a la Comisión Europea que investigue el rescate porque que podría ser ilegal, Ciudadanos ve “capitalismo de amiguetes” y el PSOE quiere saber por qué los españoles deben pagar ahora las autopistas en quiebra del PP.

Por otra parte, el Congreso debatirá hoy una moción de ERC para instar al Gobierno a no prorrogar las concesiones de las autopistas AP-7 y AP-2, a no ampliar tarifas hasta el final de las concesiones y a no autorizar ninguna construcción de autopista de peaje en Catalunya.

Reitera que no alargarán la concesión de peajes como el de la AP-2El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiteró ayer que el objetivo principal de su departamento es asegurar que los usuarios puedan utilizar estas vías “permanentemente”. Repitió así el mensaje que lanzó poco tiempo después de ocupar su cargo, y que ya había defendido su antecesora, Ana Pastor, de que el Gobierno no alargará las concesiones de las autopistas que finalizan en los próximos años. Entre ellas, la AP-2 del Mediterráneo que pasa por el Segrià y Les Garrigues. La concesión es de Abertis y finaliza en 2021. Precisamente, el rescate avanzado de esta concesión es una de las principales soluciones que apunta la plataforma de afectados por la N-240 para solventar la alta siniestralidad de esta carretera. Las alternativas a la N-240 son objeto de un debate intenso que seguirá esta misma semana y en el que se propone también desdoblar o duplicar la vía en el tramo de Lleida a Les Borges.