El Consejo de Estado culpa por primera vez a Defensa del accidente aéreo del Yak-42

El Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al ministerio de Defensa del accidente del Yakovlev Yak-42, registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, según publicó ayer el diario El País. El dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.

El dictamen se refiere a la existencia de “hechos” anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración española ponderar el “especial riesgo” que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas. “Dicho con otras palabras -señala el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”.

El siniestro generó dos procesos en la Audiencia Nacional y un tercero de carácter civil

El que fuera ministro de Defensa en 2003 ocupa ahora la Embajada de España en Londres

El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron. Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

El vuelo 4230 de la compañía ucraniana UM Airlines se estrelló en Turquía cerca del aeropuerto de Trebisonda el 26 de mayo de 2003 con 75 personas a bordo. El pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán; todos ellos fallecieron junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso. Este accidente aéreo fue la peor tragedia del Ejército español en tiempo de paz.

En total se llegaron a abrir tres procesos judiciales en España por este accidente. La Audiencia Nacional abrió dos: uno por posibles irregularidades en la contratación del avión, que se archivó, y otro por las falsas identificaciones de los cadáveres de los militares, que condenó a tres mandos.

Hubo un tercero civil por el que la empresa alemana Chapman Freeborn, que junto con la compañía ucraniana UM Air organizó el vuelo, fue condenada al pago de una indemnización de seis millones de euros a las familias.

Así lo señalaron las fuentes jurídicas consultadas, que apuntaron que la causa sobre las contrataciones murió en el Tribunal Supremo y esta decisión no puede ser revisada pese a conocerse ayer el dictamen del Consejo de Estado responsabiliza al ministerio de Defensa de lo sucedido.

La asociación ha enviado un burofax a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que les reciba, pero también para que les diga cuál va a ser su posición tras el informe del Consejo de Estado.

madrid

El PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC exigieron el cese fulminante del embajador de España en Londres, Federico Trillo, después de que el Consejo de Estado haya determinado la responsabilidad del ministerio de Defensa que él dirigía cuando ocurrió el accidente y pidieron la comparecencia de la actual titular de esa cartera, María Dolores de Cospedal, en el Congreso. “El Gobierno de Mariano Rajoy tiene ahora la oportunidad de demostrar que, esta vez sí, va a estar a la altura del dolor de las familias de las víctimas” asumiendo “de una vez por todas” responsabilidades políticas por las “escandalosa” gestión del entonces titular de Defensa, señaló el miembro de la Gestora del PSOE Ricardo Cortes.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que “un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado”.

También se sumó después Ciudadanos, que en un principio no había pensado exigir ninguna medida concreta porque, según explicó el vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas, querían antes estudiar con detalle el informe. Sí dijo que el Estado “no puede tapar” lo que se ha hecho mal, ni “intentar ocultar” la responsabilidad de un ministro, en alusión a Trillo.

Por su parte, el presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, Rajoy, dijo desconocer el dictamen pero, en todo caso, recordó que el caso del Yak-42, que “ocurrió hace muchísimos años”, “ya está sustanciado judicialmente”.