Govern y municipios instan a las eléctricas a asumir el 50% de las facturas a vulnerables

El Govern de la Generalitat, las cuatro Diputaciones catalanas, el Área Metropolitana de Barcelona, ??la ACM y la FMC, el ayuntamiento de Barcelona y los ayuntamientos catalanes informaron ayer de un convenio común que presentarán a las empresas de suministro energético -gas y electricidad- para poder acabar con los casos de pobreza energética, como exige la ley 24/015 del Parlament.

De este modo, las administraciones catalanas hacen un frente común para presionar a las energéticas e intentar que firmen el documento, dado que si lo quieren negociar con cada ayuntamiento se encontrarán con el mismo modelo de convenio.

Mora asegura que el convenio hará a que la situación “se suavice, y haya respuestas efectivas”

El documento presentado obliga a las suministradoras a hacerse cargo de al menos el 50% del coste de las facturas de las familias en situaciones vulnerables, y establece los mecanismos de bonificación y descuento del gasto, de la condonación de deudas y el protocolo de actuación.

El conseller de Empresa, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat comenzará ya mismo las conversaciones con las empresas y tanto el Govern como los ayuntamientos dan un plazo “de entre mes y medio y dos meses” para que las compañías lo firmen. Si no lo hacen, las administraciones podrán emprender acciones sancionadoras cuando haya riesgo o evidencias de estar incumpliendo la ley.

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, que presidió la presentación del acuerdo, remarcó la “alianza” de las administraciones catalanas “para continuar empujando a las empresas suministradoras a cumplir la ley” y “erradicar el riesgo de que colectivos vulnerables se vean privados de servicios básicos”.

Para Puigdemont esta propuesta común de convenio es una herramienta resultado de la interpelación que se han hecho a sí mismas las administraciones catalanas para buscar soluciones a la situación de pobreza energética y “una interpelación directa a las compañías suministradoras de que cumplan su deber”. “Determinaremos la importancia y el acierto si de aquí a un tiempo hemos conseguido que estos vulnerables sean más fuertes, y estos más fuertes sean más vulnerables a las demandas que hace la sociedad” de garantizar derechos universales, dijo el President.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lamentó que el convenio llega tarde, pero celebró: “A partir de hoy no hay excusas, no hay interpretaciones, sino que sólo queda si se cumple o no” la ley, según ella, que avisó a las compañías reticentes de que no están hablando de buenas voluntades, sino de respetar esta ley.

También pidió al Govern convocar a las empresas suministradoras antes del 1 de marzo para concretar la implicación de las compañías “desde una visión de país”.

barcelona

Lleida estuvo presente ayer en la exposición del convenio para instar a las eléctricas a cumplir la ley de pobreza energética.

La Paeria estuvo representada por la edil Sara Mestres y la diputada Rosa Maria Mora acudió en representación de la Diputació de Lleida.

Mora destacó en su intervención la importancia de esta herramienta que “permitirá dar una respuesta mucho más efectiva a esta problemática” que viven muchas familias de los pueblos y ciudades de Catalunya.

La leridana explicó que “todos juntos tenemos un compromiso social para construir un país digno, el deber de construir una sociedad socialmente más fuerte, más comprometida con el bien común y, sobre todo, con las personas que sufren desigualdades”.

En este sentido, añadió que la Diputación de Lleida está comprometida con la lucha contra las desigualdad sociales y ha emprendido políticas de municipalismo social, colaboraciones transversales entre entidades e instituciones, ayudas de urgencia y ayudas a entidades sin ánimo de lucro, entre otros.

“Estamos en contacto constante con las áreas sociales de los consejos comarcales para detectar los casos de emergencia social en las comarcas de Lleida, que en días como estos con temperaturas tan bajas provocan más gasto económico y a la vez más familias que no pueden sufragarlo”, indicó en el acto en el Palau de la Generalitat.

“No hay excusas para incumplir la ley”, según el Tercer SectorEl convenio contra la pobreza energética que firmaron ayer las administraciones catalanas, elimina, a juicio de la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales, las “excusas” para que las energéticas incumplan la ley. Así lo expresó el presidente de la entidad, Oriol Illa, que valoró de forma positiva que las administraciones catalanas hayan unificado criterios para hacer “un ejercicio de transparencia que hay que reconocer”.