TRIBUNALES PARTIDOS
Unió pide ser exculpada en el juicio a su fundación afín
Catalunya i Territori está acusada de desviar fondos al partido y de estafa ||“Regaló” dos sedes en Lleida y una en Tàrrega
Algunos de los acusados, ayer ante la Audiencia de Barcelona.
El juicio contra Unió Democràtica de Catalunya por el presunto desvío de fondos a la fundación del partido Catalunya i Territori arrancó ayer. La defensa de Unió pidió a la Audiencia de Barcelona que la exculpe del desvío de fondos, al entender que la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla como responsable civil porque esos pagos irregulares no afectarían a los intereses económicos generales.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona pide un total de 45 años de prisión y más de 4 millones en indemnizaciones y multas para los cinco acusados, el expresidente de la fundación, Josep Boqué, los exvocales Joan Albert López y Miquel Àngel Cortés, el administrador de Copisa, Josep Cornadó, y Xavier Soriano, también vinculado a Catalunya i Territori. Según la Fiscalía, Unió habría recibido fondos para saldar deudas con el grupo empresarial IMS, que le había prestado servicios para la organización de congresos. La Fiscalía sitúa a Unió como responsable civil del presunto desvío y le reclama que devuelva a su fundación los casi 61.500 euros de la suma desviada que la formación -actualmente en concurso de acreedores- aún no ha abonado. El letrado de Unió pidio a la sala que la exculpe del desvío, al entender que la Fiscalía no tiene legitimidad para acusarla por un delito de administración desleal, dado que su fundación afín, que sería la presuntamente perjudicada, nunca denunció al partido por esos hechos.
La Fiscalía pide 45 años de prisión y más de 4 millones en indemnizaciones y multas para los 5 acusados
La Fiscalía lo rechazó y recordó que la imputación del partido fue “bendecida” por un auto de la Audiencia.
Según la Fiscalía, los acusados construyeron un entramado constituido por dos niveles de empresas, administradas por testaferros, que utilizaron para diversos delitos. Asimismo, constató que se produjo “un injustificado beneficio económico” a Unió en perjuicio de la fundación al dejar de cobrarle en 2005 el alquiler de sus sedes en Tàrrega, Lleida y Tarragona, y vendérselos posteriormente en 2009 a un precio muy inferior al de mercado.
