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POLÍTICA SOBERANISMO

Junqueras ve posible celebrar el referéndum antes del verano como reclama la CUP

Admite que se están cruzando datos fiscales pero niega ilegalidades en el Govern y dice que Vidal se explicó mal || El PP califica de “xenófobas” y “totalitarias” las prácticas del Executiu de Puigdemont

Romeva, Munté, Junqueras y Puigdemont, la pasada semana en el Parlament.

Romeva, Munté, Junqueras y Puigdemont, la pasada semana en el Parlament.

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El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, aseguró ayer que sería “posible” convocar el referéndum para antes de verano, como pide la CUP, si se recrudece la presión judicial sobre el independentismo.

Junqueras reconoció además que el juez Santiago Vidal se explicó “muy mal” en sus conferencias sobre el proceso independentista y negó que el Govern haya cometido ilegalidades. “Ha asumido su responsabilidades, y en cambio otros, habiendo hecho cosas infinitamente peores, sin haberse explicado de forma adecuada y haciendo cosas peores, no han dimitido ni nadie les ha pedido que lo hagan”, destacó, en referencia al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (Oac) Daniel de Alfonso.

Decidirán en una consulta su posición respecto al referéndum, adelantó ayer Ada Colau

Denuncia la posible desobediencia de fallos sobre las subvenciones a cargo del 0,7% del IRPF

Sobre si el Govern tiene los datos fiscales de todos los catalanes, el vicepresident concretó que tienen “todos los que tienen por ley” procedentes de la gestión que hacen de los impuestos propios de la Generalitat y de la participación que tienen en los cedidos, además de añadir que los cruzan para combatir el fraude fiscal. “Todo lo que hacemos lo hacemos dentro del estricto marco legal”, resaltó Junqueras, que negó que exista una partida escondida en los Presupuestos para el referéndum.

Posteriormente, y en relación con el posible adelanto de la consulta de independencia, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, explicó que lo preferible es celebrar el referéndum en septiembre de este año, aunque “hay que estar preparados por si las circunstancias obligasen a celebrarlo antes”.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, por su parte, no descartó que pueda haber adelantos en el calendario del proceso soberanista, pero recalcó a la CUP que la función de los partidos independentistas es trabajar para que “gane el sí”.

La alcaldesa de Barcelona y cabeza de los ‘comuns’, Ada Colau, reclamó al Govern que sea prudente y honesto con los ciudadanos, y no ponga fechas al proceso soberanista “que se incumplen sistemáticamente”. Colau adelantó además que consultará a la militancia de los ‘comuns’ la posición ante la consulta.

Mientras tanto, el portavoz de la CUP, Quim Arrufat cargó contra el conseller de Interior, Jordi Jané, a quien acusó de no estar “alineado” con el proceso. Jané demintió “rotundamente” que su conselleria suponga un “problema” para el Govern ni para el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, acusó a la Generalitat de atentar contra los derechos individuales de los catalanes y sugirió que sus prácticas son “totalitarias” y “xenófobas”.

Homs presentó la denuncia ante la Fiscalía con el objetivo de instarla a actuar contra Rajoy “con los mismos argumentos que usa para querellarse contra políticos catalanes” soberanistas, explicó. “Será la prueba del algodón de si nos juzgan por persecución de las ideas políticas o de acuerdo con fundamentos de derecho”, remarcó.

La denuncia de Homs se basa en el conflicto de competencias por la concesión de subvenciones a cargo del IRPF, también conocido como el caso del 0,7%, sobre el que ya hay “10 sentencias” del TC que consideran que el Gobierno central ha desobedecido, aseveró el portavoz del PDeCAT. Según Homs, el TC ha dictado 70 sentencias desde 1992 que reiteran la competencia de carácter exclusivo de la Generalitat sobre asistencia y servicios sociales.

Homs, encausado por la consulta soberanista del 9N, afirmó que no quería llegar a este “punto”, pero culpó al Gobierno central de iniciar la “judicialización de la política”.

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