Alrededor de 20 detenidos en una operación contra financiación irregular de CDC

La Guardia Civil está desarrollando una operación contra la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya en la que se prevén cerca de veinte detenciones en relación con tres empresas de infraestructuras públicas del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.

Según han informado a Efe fuentes del instituto armado, la operación Pika, dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se dirige a tres empresas públicas que supuestamente amañaban contratos con otras empresas.

Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil están practicando requerimientos de información, registros y detenciones.

Las investigaciones apuntan a que estas compañías adjudicaban obras públicas a otras empresas a cambio de una contraprestación, presuntamente el 3 por ciento, que llegaba a fundaciones satélite del partido catalán.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la mayoría de los detenidos son empresarios, aunque también se prevé el arresto de algún ex alto cargo de la formación política, además de registros en empresas, sedes mercantiles y despachos de abogados.

Todas las detenciones -cerca de 20- y registros se centran en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid.

La operación Pika es continuación de las tres fases de la operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del 3 por ciento a CDC a cambio de obra pública.

Con todo, el caso se remonta a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): "Ustedes tienen un problema y se llama 3%".

Las palabras de Maragall no eran más que una velada acusación a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista.

Casi una década después, la operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones.

La operación tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.