Juicio a las urnas por el 9-N

El expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Educación, Irene Rigau se sentarán en el banquillo de los acusados durante esta próxima semana por la presunta desobediencia al Tribunal Constitucional cometida al impulsar la consulta alternativa soberanista del 9 de noviembre del 2014. Mas, Ortega y Rigau están acusados de los delitos de desobediencia grave y prevaricación y la fiscalía solicita para Mas 10 años de inhabilitación para el ejercidio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno, y 9 años para Ortega y Rigau por haber impulsado y organizado el proceso participativo.

Fue en diciembre de 2013 cuando el entonces President Artur Mas fijó el 9 de noviembre de 2014 como el día para la consulta soberanista. Mas anunció la celebración en una comparecencia conjunta en el Palau de la Generalitat con los líderes de los partidos que apoyaban en ese momento la decisión de consultar a la ciudadanía sobre una redefinición del estatus de Catalunya en el marco estatal. De esta forma, Jordi Turull (CDC), Joana Ortega (UDC), Ramon Espadaler (UDC), Oriol Junqueras (ERC), Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV), Joan Mena (EUiA) y David Fernàndez (CUP) aparecieron junto al President. También se decidió reclamar en el Congreso de los Diputados el traspaso de la competencia estatal para convocar un “referéndum consultivo”.

Recurrida por el Gobierno y declarada ilegal por el Constitucional, se convirtió en consulta “alternativa”

El 9N lleva a Mas al banquillo y siembra dudas sobre su futuro como candidato a la Generalitat

Iceta advierte que no hay una solución ilegal ni referéndum que traiga la independencia

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió ante el Tribunal Constitucional la celebración de dicho referéndum y lo declaró ilegal. Los argumentos se han repetido desde entonces, Rajoy aseguró que “esta consulta no se celebrará” porque era “anticonstitucional”, mientras que Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general en esos momentos del PSOE, afirmó que coincidía con el presidente del Gobierno en cómo afrontar la situación abierta por la convocatoria de la consulta y dijo que “el referéndum que plantea Mas está llevando a Catalunya a un callejón sin salida”.

El 16 de enero de 2014 se votó en el Parlament una petición al Congreso para que la Generalitat pudiese llevar a cabo el referéndum sobre la independencia. . La votación quedó aprobada con los votos a favor de CiU, ERC e ICV-EUiA, que sumaban 84 diputados, más tres del PSC que rompieron la disciplina de voto, tras acordar el Consell Nacional de los socialistas catalanes votar en contra de la propuesta. En este sentido, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, no ocupó su lugar en el Parlament durante la votación, porque había decidido renunciar a su escaño el día anterior a la votación, para no tener que votar en contra.

Tras la anulación de la consulta por parte del Constitucional, el President Mas afirmó que el referéndum ya no podía celebrarse en los términos previstos y planteó un proceso de participación ciudadana. Así pues, el 9 de noviembre de 2014 se realizó la consulta “alternativa” con los propios medios de la Generalitat, la colaboración de voluntarios y asociaciones civiles. Entonces, fue cuando el Estado recurrió esta nueva consulta. Fue en enero de 2015 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aseguró que encontraba indicios de desobediencia por su celebración. El 29 de septiembre de ese mismo año el TSJC citó a declarar como investigados a Mas, Ortega y Rigau por el 9-N. Declararon el 15 de octubre de 2015 y Mas le dijo al juez que “tendrán que juzgar si ser demócrata equivale a actuar como un delincuente”.

Mas, quien se expone a una condena de inhabilitación que amenaza su eventual regreso como candidato a la Generalitat, Ortega y Rigau reclaman la absolución porque consideran que el proceso participativo fue “lícito”. Estuvo, según el escrito de defensa del expresident, “enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática”.

barcelona

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó ayer al líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, de insultar a las víctimas y “banalizar” el “crimen más monstruoso de la humanidad”, por afirmar que el Govern quiere hacer una “lista de Schindler” de funcionarios que apoyan a Artur Mas.

Puigdemont arremetió desde Twitter contra Albiol, a quien recomendó, después de sus declaraciones, que tenga “más memoria y sensatez”. En una entrevista, Albiol denunció “coacciones” de la Generalitat a los funcionarios y alertó de que se pretende hacer una “lista de Schindler” para saber qué trabajadores públicos asistirán el lunes y cuáles no a la manifestación en apoyo del expresident Artur Mas.

Las entidades soberanistas han animado a los ciudadanos a acudir a la manifestación en el inicio de la declaración judicial del expresident y las conselleras Ortega y Rigau, mientras la consellera Meritxell Borràs afirmó recientemente en el Parlament que ve “bien” y “necesario” que los funcionarios que lo deseen cojan un día de fiesta para apoyar a Mas.

Por otro lado, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dijo ayer que “no hay una solución unilateral, ni una solución ilegal, ni un referéndum que traiga la independencia”. Iceta subrayó que “hay que deshacer el engaño del ‘procesismo’” y pidió al Govern a que diga “la verdad a los catalanes y a no poner nuestras instituciones fuera de la ley”.

Por su parte, el portavoz de EnComúPodem en el Congreso, Xavier Domènech, aseguró que es normal que el juicio a Mas, Ortega y Rigau genere movilización popular porque se trata de “una situación gravísima de judicialización de la política”, y avanzó que miembros de su partido participarán en la manifestación de apoyo.