Homs declara que él fue quien garantizó que no era ilegal mantener la consulta del 9N

El exconseller Francesc Homs admitió ayer en el juicio por el 9N que fue él, como máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, quien garantizó al Govern que no era ilegal mantener la consulta, tras su suspensión por el Tribunal Constitucional. El actual diputado del PDeCAT en el Congreso, a quien el Tribunal Supremo notificó ayer que le juzgará entre los días 27 de febrero y 1 de marzo por su papel en la consulta del 9N, dado que es aforado, declaró como testigo propuesto por las defensas ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que juzga al expresident Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau.Fue interrogado en unas condiciones especiales, asistido por su abogada y bajo la advertencia del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de que no estaba obligado a contestar a preguntas que pudieran perjudicarle en el proceso que el Supremo tiene abierto contra él. De hecho, el fiscal no le hizo preguntas (ver desglose inferior).

Homs dijo que informó al Govern de que mantener el 9N tras la suspensión por el TC no suponía “ninguna irregularidad” ni incurrió en “ningún tipo penal”. Precisó que no fue un “mero transmisor” del dictamen de los servicios jurídicos, sino que asumió plenamente su criterio: “Yo configuré la decisión final”, aseguró. En su opinión, seguir adelante con la consulta no suponía delito alguno dado que el Constitucional no advirtió expresamente a la Generalitat de las consecuencias que asumían de mantenerla, pese a que el Executiu le pidió que aclarara el alcance de su suspensión. El exconseller apuntó también que el Gobierno central “podía haber sido mucho más preciso y no lo quiso ser”, cuando impugnó la consulta independentista ante el TC.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled nació en Lleida en 1965 y ha desarrollado su carrera en Barcelona

Tras su declaración, Francesc Homs dijo que no creía en las coincidencias, en referencia a que mientras estaba en el juicio en el Superior de Justicia se conoció que se sentará en el banquillo del Supremo a partir del 27 de febrero, algo de lo que se enteró por la prensa.

Por otra parte, una directiva de la empresa Sertrans declaró en el juicio que entregaron las urnas y papeletas (elaboradas por presos de la cárcel de Lleida) en los puntos de votación entre el 7 y el 8 de noviembre de 2014, sin que la Generalitat les diera ninguna instrucción para paralizar el transporte tras el veto del Constitucional. La responsable de Sertrans, empresa que fue contratada por el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) el 28 de octubre para el reparto de las urnas y papeletas, testificó que nadie del CIRE o de la Generalitat les dio ninguna indicación para que no procedieran a la entrega.

“Sencillamente, cumplimos el contrato de entrega”, ha indicado la responsable de Sertrans, que ha detallado que recogieron las urnas y papeletas mayoritariamente a partir del día 30 de octubre y que las llevaron en dos tráilers a sus almacenes de Barcelona, Tremp y Girona, de donde las distribuyeron posteriormente a los puntos de votación.

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Francesc Homs abordó al fiscal Emilio Sánchez Ulled a la salida de la sala tras declarar como testigo en el juicio del 9N y le dijo: “¡Qué lástima que no me hayas preguntado, porque te habría podido contestar! No tienes coraje de preguntarme”. Según explicaron fuentes presenciales, el fiscal le contestó irónicamente que puede llamar a Madrid para que le asciendan a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) igual que el Govern ascendió a muchos de los cargos que han declarado en la causa del 9N, y así ya podrá interrogarle en el juicio contra él que empezará el 27 de febrero en el TS. Fue una conversación en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) después de que Homs declarase en el juicio contra el expresident de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau. Homs compareció con abogado pese a ser testigo, ya que él también está investigado por el 9N, pero de su caso se encarga el Supremo por su aforamiento como diputado.

Emilio Sánchez Ulled nació en Lleida en 1965 e inició su carrera como fiscal en 1994. Desde el año 2005 es delegado anticorrupción en Catalunya, que depende de la Fiscalía General del Estado, y está asociado a la Unión Progresista de Fiscales.

Dirigió, entre otras, las investigaciones del espolio del Palau y en el juicio contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega hace los interrogatorios y redactará el informe final.