TRIBUNALES CORRUPCIÓN
La Fiscalía ordenó no acusar al presidente de Murcia
En contra del criterio de las fiscalas del caso Púnica || El Gobierno niega su implicación y la oposición pide explicaciones
Milagrosa Martínez, a su salida del TSJCV.
La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez, según publicó ayer El Mundo.
El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional oponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes.
Por su parte, el fiscal general José Manuel Maza se mostró dispuesto a ir al Parlamento para explicar el asunto.
Desde el Gobierno central, niegan cualquier “injerencia” en el caso por su parte a la Fiscalía y la oposición exige explicaciones sobre si realmente el Ejecutivo ordenó no imputar al presidente de Murica.
Además, deberá comparecer dos días al mes en el juzgado, se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir del territorio español.
Cargos públicos condenados en la Gürtel eluden la prisión? La exconsellera y expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez (PP) y otros cuatro empleados públicos condenados por la pieza del caso Gürtel relativa a Fitur lograron ayer eludir el ingreso inmediato en prisión gracias a la aplicación, por parte del TSJCV, de medidas cautelares. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó prisión eludible con fianza de 15.000 euros -a depositar antes del próximo lunes- para la exconsellera, condenada a 9 años de prisión por amañar contratos para el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009.
