Empresarios aseguran que CDC les pidió cobrar al Palau servicios al partido

Dos directivos de empresas proveedoras de CDC han asegurado este viernes que la formación les pidió que cargaran al Palau de la Música varias facturas por servicios que habían prestado para el partido con motivo de campañas electorales, aunque han desvinculado de la trama al extesorero Daniel Osàcar.

Miguel Giménez Salinas y Juan Manuel Parra, responsables respectivamente de las empresas Altraforma e Hispart, han revelado hoy ante la Audiencia de Barcelona que participaron en el desvío de fondos del Palau de la Música a CDC a través de facturas mendaces, por lo que la Fiscalía les pide tres años de prisión al acusarles de un delito de falsedad documental.

Miguel Giménez Salinas, exconsejero delegado de la empresa de publicidad Altraforma, ha asegurado que entre los años 2006 y 2007 cargó al Palau de la Música tres facturas por un valor total de 190.778 euros con los conceptos falsificados, dado que en realidad correspondían a servicios que había prestado a CDC.

Según el empresario, CDC les indicó que falsificaran el concepto de esas facturas y las cargaran al Palau de la Música, aunque ha dicho no recordar la identidad de su interlocutor en el partido nacionalista.

En la misma línea se ha manifestado Juan Manuel Parra, de la empresa Hispart, dedicada al montaje de sistemas audiovisuales para congresos, convenciones y mítines, quien ha reconocido que cargó al Palau de la Música un total de trece facturas con un valor total de 824.299 euros que en realidad correspondían a servicios prestados a CDC con motivo de las elecciones generales de 2004.

El acusado ha revelado que fue el extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, quien le dio esas instrucciones para cobrar del Palau de la Música, pero ha insistido en que su sucesor al frente de las finanzas de la formación, Daniel Osàcar, que afronta siete años y medio de cárcel, no sabía "absolutamente nada".

Tras la muerte de Torrent, el acusado ha dicho que habló con "una chica de contabilidad" de CDC para reclamar los pagos y, posteriormente, con el propio Osàcar, al que explicó que estaba cargando al Palau de la Música algunas facturas pendientes con la formación convergente.

"Me dijo que él no sabía nada y que no tenían nada de ese tema y que no tenían ningún tipo de información y que fuera al Palau", ha relatado el empresario, que ha asegurado que entonces trató con Jordi Montull, la antigua mano derecha de Fèlix Millet al frente de la entidad cultural.

"Nos hicieron una factura de 30.000 euros para callarnos la boca, supongo", ha agregado.

Por el contrario, el responsable de Mail Rent y Letter Graphic Pedro Luis Rodríguez ha alegado que desconocía los trabajos que ambas compañías facturaron a CDC y al Palau de la Música, porque se encargaba de ello otra persona, por lo que ha afirmado que no sabe si los servicios al partido en campañas publicitarias y organización de actos políticos se facturaban a la entidad cultural.

No obstante, ha reconocido que durante años, cuando CDC ya no gobernaba la Generalitat, entre 2007 y 2009, hicieron donaciones por valor de 775.000 euros al partido, con el objetivo de ayudarle en sus finanzas, como una "inversión de futuro" para sostener a la formación, que era un "cliente importante".

El acusado ha explicado que fue un empleado de la compañía, Salvador O., que declarará como testigo en la causa, quien les propuso este donativo, y que ellos lo aceptaron porque creían en él y éste les aseguró que no afectaría a sus cuentas y que de esta forma le daban un "golpe de mano" al partido.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled le ha inquirido entonces para saber por qué los cinco socios de ambas empresas hicieron caso a un empleado para aportar estos cuantiosos donativos a CDC: "Llámeme tonto", ha replicado Rodríguez, ante lo que el fiscal ha zanjado: "Le llamo acusado, por ahora"

Un empresario del 3 % contactó con Mas y Gordó para que colocaran a su esposa

El empresario Josep Manel Bassols, investigado en la causa del 3 %, contactó con el expresidente catalán Artur Mas y el exconseller de Justicia Germà Gordó para exponerles la situación profesional de su esposa, la juez Núria Bassols, antes de que fuera fichada como responsable de Transparencia del Govern.

Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción que figura en el sumario del caso del 3 %, al que ha tenido acceso Efe, Bassols, directivo en Cataluña de la constructora Oproler, envió una carta en septiembre de 2011 a Mas para exponerle "una serie de circunstancias" que le afectaban a él y a su esposa, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Núria Bassols.

Una copia de esta carta fue localizada por la Guardia Civil en un pendrive intervenido al empresario tras su detención en el marco de la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

En la carta dirigida a Mas se hace mención al exconseller de Justicia Germà Gordò y al histórico diputado de CiU Ramon Camp, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de CDC.

Bassols explica en la misiva la situación de Núria Bassols, magistrada del TSJC, que "al parecer estaría interesada en un cambio de puesto de trabajo", según revela el informe de Anticorrupción.

Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo sostienen que en la carta, Bassols se refiere "como persona de contacto para encauzar ese cambio" a Ramon Camp, ya que este le comentó que estaba en contacto con Gordó, al cual se refiere como "la persona ideal y que entre los dos resolverían la situación".

Entre la documentación intervenida a Bassols también figura la justificación de sus gastos de kilometraje, donde, en un apunte del 17 de noviembre de 2011, se detalla una reunión que tendría lugar en el Palau de la Generalitat entre el empresario, el entonces presidente Mas, los entonces consellers Felip Puig y Pilar Fernández Bozal -esta última de Justicia- y Gordó.

De hecho, entre la documentación intervenida al empresario Bassols también se encontró un mensaje enviado en enero de 2013 a Gordó, que acababa de ser nombrado conseller de Justicia, en el que le indica: "Querido Germà, ante el nuevo año y los nuevos retos que has asumido, te deseo lo mejor, tanto para ti como para los tuyos... Nos tendríamos que ver urgente para enfocar un tema de trabajo de mi esposa que se tiene que hablar personalmente. Ya me dirás cuándo y dónde. Vendremos los dos".

Precisamente, en la carta enviada meses antes a Mas, Bassols ya se refería a Gordó como la "única persona de CDC que le ha respondido", según Anticorrupción, ya que "le dirigió" a GISA -la empresa pública de infraestructuras de la Generalitat-, para que se entrevistara con su director, "para buscarle un puesto de trabajo dentro de la entidad pública".

Sin embargo, esta vía no fructificó porque GISA acababa de presentar un ERE.

Finalmente, en noviembre de 2013, el gobierno catalán acordó nombrar a Bassols como directora de políticas de Transparencia de la Generalitat, poco después de que, como magistrada del TSJC, archivara el caso "Adigsa" -un embrión judicial del supuesto cobro de comisiones del 3%-, para el exdiputado de CiU y secretario general de Territorio de la Generalitat Ferran Falcó.

El empresario Bassols, antes de ser representante en Cataluña de la constructora Oproler, fue alcalde y concejal de la localidad gerundense de Anglès, mientras que su esposa regresó a principios del año pasado al alto tribunal catalán, donde está dedicada a los asuntos civiles y no puede instruir causas penales.