SEGRE

CORRUPCIÓN CASO PRETORIA

“Luigi” acusa a Alavedra y Prenafeta de cobrar comisiones de un 4%

Ambos, antiguos hombres de confianza de Jordi Pujol || El propietario de la empresa Limasa pagó los 6.480 euros para obtener la adjudicación de un contrato

Luís Andrés Garcia, ‘Luigi’, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional

Luís Andrés Garcia, ‘Luigi’, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional

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El exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama de corrupción Pretoria, Luis Andrés García, “Luigi”, afirmó ayer que los antiguos hombres de confianza de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, cobraron una comisión del 4% por mediar en dos operaciones urbanísticas. Declaró, en la tercera sesión del juicio por el caso Pretoria, que la cobraron en conceptos de “intermediación privada”, es decir por presentarle al comprador de unos terrenos que este había adquirido previamente en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Se trata de las operaciones “Badalona” y “Niesma”, relacionadas con la compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de Badalona y en torno a dos fincas en San Andreu en las que, según la Fiscalía, los tres acusados ejercieron una “situación de dominio” en el ámbito de las adjudicaciones públicas. Según “Luigi”, fueron los exaltos cargos de Convergència los que acordaron que percibirían el 4% del total del precio de adquisición con las sociedades Proyecto Inmobiliario Valiant en la “Operación Niesma” y Espais Promotores Inmobiliarios en la “Operación Badalona”. La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca calcula que ese porcentaje asciende a poco más de 637.500 euros. Luigi se esforzó en aclarar que el no era “el conseguidor” de las adjudicaciones, pero no logró convencer a la fiscalía, que sostiene que lideró “un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas” ejerciendo una influencia “notoria” sobre los cargos públicos encargados de decidir sobre las mismas y percibiendo un total de 5,9 millones de euros que ocultó a través de sociedades opacas. Un testimonio clave fue el de el propietario de la empresa Limasa, que lleva encargándose de la limpieza de los edificios públicos de Santa Coloma desde los años 70. Confirmó que pagó los 6.480 euros que le pidió el exalcalde Bartolomé Muñoz en tres “sobrecitos” a cambio de que este interviniese a su favor para que se le prorrogase el contrato de limpieza a su empresa. Por su parte Manuel Dobarco, exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet y uno de los once acusados de la trama Pretoria, negó su implicación.

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