El Gobierno contempla la vía penal contra Puigdemont por los presupuestos

El Gobierno ha aprobado este viernes el recurso ante el Tribunal Constitucional contra determinadas partidas de los presupuestos catalanes, en el que pide su suspensión y solicita que se aperciba al presidente catalán, Carles Puigdemont, y todo su gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a interponer el recurso ante el TC contra la disposición adicional 40 de los presupuestos catalanes y tres partidas "relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación ciudadana".

Los Presupuestos de la Generalitat prevén unas partidas que suman 5,8 millones de euros, cuya finalidad es organizar el referéndum independentista anunciado para septiembre de 2017.

"No creo que necesiten que se lo diga nadie más. No van a ningún sitio y, lo que es más importante, cada vez les acompaña menos gente", ha señalado la vicepresidenta después de recordar que el Gobierno ha impugnado cada paso que se ha dado hacia el referéndum soberanista y siempre ha contado "con resoluciones favorables y por unanimidad".

Ha hecho además hincapié en que "ir contra la Constitución y las leyes" está llevando a la Generalitat a que "no tenga ningún amparo internacional", pese a los esfuerzos de Puigdemont, y su consejero de Exteriores, Raúl Romeva. "Nunca nadie ha hecho tantos kilómetros para andar tan poco", ha apuntado Sáenz de Santamaría quien ha destacado además que el referéndum cuenta cada vez con menor apoyo social porque en las encuestas "se refleja el hartazgo y la desafección respecto a un proceso que no conduce a ninguna parte".

El Ejecutivo cuenta ya con un dictamen favorable del Consejo de Estado y recurre por considerar que esos apartados de las cuentas catalanas vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de referendos.

Además, entiende que son contrarios a los artículos 1.2 de la Constitución -sobre la soberanía nacional- al artículo 9.1, que establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", y al 168, sobre la reforma de la Constitución.

Sáenz de Santamaría ha explicado que, en el recurso, el Gobierno pide además la suspensión automática de esos preceptos, utilizando la facultad constitucional del Ejecutivo, lo que diferenciará este recurso de los que han anunciado los grupos del PP, PSOE y Cs. La vicepresidenta ha destacado además que el Gobierno solicita al TC que "notifique personalmente la providencia de suspensión, si la acuerda", a Carles Puigdemont y a sus consejeros de Gobierno.

Además, pide que se notifique a los siguientes altos cargos de la Generalitat "como encargados de autorizar y llevar a cabo actos de ejecución presupuestaria": la secretaria del Govern, el secretario general de Presidencia, la interventora general, la directora de contratación y el director general de Presupuestos. "Solicitamos que en esa notificación advierta a todos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y, en particular, que se abstenga de dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, también del fondo de contingencia, con el fin de cubrir cualquier gasto derivado de la celebración del proceso refrendario o del referéndum", ha dicho Sáenz de Santamaría. "Todo ello con el apercibimiento de las correspondientes responsabilidades, incluso penales", ha concluido.

Se ha referido además a la tramitación parlamentaria de las cuentas catalanas, con la aprobación de dos enmiendas a la disposición adicional 40, una de la CUP y otra de Catalunya Sí Que Es Pot, al informe del Consell de Garantías Estatutarias que afirmaba que la partida era inconstitucional y al informe de los letrados del Parlament que fue leído antes de su aprobación.

Sáenz de Santamaría ha denunciado, en ese sentido, el "desconcierto político y jurídico en el que viven la Generalitat y el Parlament".