La Fiscalía investiga a empresas 'colaboradoras' con la independencia

La Fiscalía de la Audiencia Nacional requirió toda la información a las empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad contratadas par a la Generalitat con la finalidad de proveer de unos servicios de inteligencia y de la Agència Tributària para la independencia, según ‘El País’. La Guardia Civil se personó el viernes pasado en las sedes de Barcelona y Madrid de una veintena de empresas para solicitar datos y ahora las firmas tienen ocho días para facilitar la información bajo la amenaza de incurrir en delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos si no lo hacen. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se negó a dar más detalles sobre la investigación con el argumento de que las diligencias están en curso, pero dejó claro que el “único objetivo” de la Fiscalía es que las leyes se cumplan.

Según el diario, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza empezó el 1 de marzo del 2016 dos investigaciones sobre la puesta en marcha de unos servicios de inteligencia y de una agencia tributaria - y que Maza la prorrogó- con el objetivo de investigar si se están cometiendo posibles delitos de sedición, malversación y desobediencia. El pasado 8 de marzo la Fiscalía de la Audiencia Nacional inició la investigación sobre las empresas tecnológicas.

Un grupo de abogados presenta una querella contra ocho magistrados del Tribunal Constitucional

El edil indica que la vía de la desobediencia genera un camino de cara a la celebración de la consulta

Entretanto, el Tribunal Constitucional analizará previsiblemente hoy el recurso presentado por el Gobierno hoy contra los Presupuestos de la Generalitat para 2017 por incluir partidas para la convocatoria del referéndum.

Asimismo, la asociación de abogados Drets presentó este lunes una querella por prevaricación contra ocho magistrados del Tribunal Constitucional que desestimaron a finales de 2016 sendos recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat y el Gobierno vasco contra la reforma del TC que dota de capacidad para suspender de sus funciones a autoridades públicas.

Por su parte, el President de la Generalitat aprovechó su visita a Bolonia (Italia) y su reunión con el exprimer ministro de Italia y expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, para recomendar al Estado que siga el ejemplo de Prodi y se interese por el proceso político en Catalunya: “Quien tiene la responsabilidad de emprender soluciones políticas haría bien de sentarse a la mesa y, como mínimo, hacer las mimas preguntas que hacen nuestros interlocutores internacionales”.

Catalunya ha recibido del FLA más de 63.000 millones de euros desde el año 2012 y ha tenido que pagar unos 2.000 en concepto de intereses por este capital. Esta cifra representa prácticamente el 20% del total del dinero prestado por el Fondo de Liquidez Autonómica.

barcelona

La Audiencia Nacional (AN) archivó ayer la causa contra el concejal de la CUP en Vic Joan Coma, acusado de un delito de incitación a la sedición por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlament de inicio de la desconexión de Catalunya con el resto de España.

Considera que su frase “para hacer una tortilla primero hay que romper los huevos”liba dirigida a las instituciones, “y no consta, pese a las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa, que se efectuara una proposición a los ciudadanos para que participen en un alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes”.

Tras conocer el auto judicial, el concejal de la CUP señaló desde Londres, donde se encuentra invitado por la Assemblea Nacional Catalana, que la resolución de la Audiencia Nacional demuestra que “la desobediencia civil y la solidaridad son la mejor arma contra la injusta justicia española” y el camino a la independencia.

Por otra parte, las diferentes fuerzas políticas también entraron a valorar la sentencia. La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, indicó que “se impone el sentido común. Todo el mundo veía que era una absoluta barbaridad llevarlo a la Audiencia Nacional. Les habría costado mucho explicar el fundamento jurídico de una causa como esta”.

Lla portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, indicó que su partido “a diferencia” de los independentistas no cree estar “por encima de la justicia, las leyes y los tribunales”.