CORRUPCIÓN POLÍTICA
El juez cree que Ignacio González saneó las cuentas del PP de Madrid con dinero público
Según el magistrado, desvió un millón de euros que sirvieron para pagar las deudas de la campaña de Esperanza Aguirre en 2011|| El auto señala que ‘los González’ planeaban negocios con Zaplana
Imagen del furgón de la Guardia Civil trasladando a Ignacio González a la prisión de Soto del Real.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentas del PP de Madrid, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que decretó el vierenes prisión incondicional para el exmandatario.
El auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, explica que González, como secretario general del PP madrileño, tuvo la intención de “sanear las cuentas”, por lo que el 7 de junio de 2012, se reunió con José Martínez Nicolás, exconsejero-delegado de ICM.
Martínez Nicolás “infló” contratos de ICM con varias empresas para conseguir un millón de euros
‘Los González’ y Zaplana planearon adquirir los derechos de un producto para desinfectar agua
Según el auto, el hombre de confianza de Ignacio González sobornó a cargos públicos de varios países
El exconsejero de la entidad ”infló” contratos suscritos por la Agencia de Informática y Comunicaciones con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir un millón de euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le pidió para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011, en los que Esperanza Aguirre se mantuvo en la Presidencia revalidando la mayoría absoluta.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional subraya que gracias a las actuaciones policiales llevadas a cabo “hasta el momento” se ha podido conocer que Indra hizo frente a un “flujo monetario de 687.497,58 euros (566.497,58 euros en el año 2012 y 121.000 euros en el año 2013)” para pagar a las empresas proveedoras en la campaña electoral 2011.
Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa, Lourdes Cavero, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el “dinerillo B” de que disponían y que tenía “origen ilícito”, como fue la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con el exministro Eduardo Zaplana.
El exministro y la familia adquirieron el 50 por ciento de una sociedad relacionada con el abogado uruguayo Fernando Belhot. Sin embargo, las diligencias judiciales realizadas no permiten aclarar aún si la inversión fue realizada. Lo que sí han revelado, según el auto, son los “planes del expresidente de la Comunidad de Madrid para acometer esta inversión a través de sociedades opacas”.
Madrid
Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se reunió con el ‘número dos’ del ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la posteriormente bautizada como ‘operación Lezo’.
Preguntadas por esta reunión, fuentes del ministerio del Interior explicaron que Pablo González solicitó una reunión con el secretario de Estado, José Antonio Nieto, al que conocía de su etapa como alcalde de Córdoba ya que el hermano de Ignacio González era directivo de la Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) y, por tanto, prestaba servicios a Mercacordoba.
La reunión, según estas fuentes, se celebró el 8 de marzo y no duró más de 15 minutos. “Fue puramente protocolaria, ya que Pablo González se limitó a felicitar al secretario de Estado por su reciente nombramiento y manifestó su voluntad de colaborar con la Secretaría de Estado en todo cuanto se pudiera hacer desde Mercasa”.
Por otra parte, el expresidente de la empresa Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza de Ignacio González en Latinoamérica, habría sido “conocedor y partícipe” de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para “manipular” los concursos obtención de contratos, según consta en el auto del juez, EloyVelasco.
