La Renta Garantizada llegará a 62.000 hogares catalanes en 2020 con 600 millones

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) llegará a 62.000 hogares en 2020, tras una inversión de entre 500 y 600 millones de euros anuales, ha anunciado este lunes la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, que se ha basado en cálculos sobre la situación socioeconómica actual.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este lunes tras firmar con los impulsores de la ILP el acuerdo para su creación, que servirá de base para el redactado de la ley, y que podría someterse a votación en el Parlament en un mes, informa Europa Press en su página web.

Si los trámites transcurren con agilidad, este "derecho subjetivo" podrá empezar a aplicarse este septiembre para los 29.000 beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) --que será sustituida por la RGC--, así como 7.000 familias monoparentales con trabajo parcial con un sueldo inferior al índice de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), de 664 euros, ha dicho Bassa.

Sobre esta compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial, el acuerdo establece que se iniciará con los hogares monoparentales el 15 de septiembre "y finalizará con la generalización de la compatibilidad de la RGC con todas las rentas del trabajo derivadas de contratos a tiempo parcial".

Al ser preguntada por los periodistas en rueda de prensa, Bassa ha afirmado que no se han "ni abierto ni cerrado" a esta compatibilidad, y que será una Comisión de seguimiento formada por Govern, sindicatos, patronales y entidades la encargada de desplegar las fases que considere de la RGC.

Derecho social

El portavoz de la Comisión promotora Diosdado Toledano ha afirmado que se trata del "derecho social más importante" logrado en los últimos años, que ha sido posible con el apoyo de 76 entidades, casi todos los sindicatos, 52 ayuntamientos y partidos políticos como ERC, PSC, CUP y SíQueEsPot.

La RGC se dirige a personas con ingresos inferiores al IRSC en los últimos seis meses, tras haber agotado otras prestaciones -como el paro- y sin propiedades más allá del domicilio de residencia, y se empezará a implementar en septiembre con una prestación del 85% de la renta de suficiencia (564 euros), desplegándose paulatinamente hasta alcanzar el 100% en 2020 (664 euros).

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) será la puerta de entrada y la gestionará la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa -sobre la que Bassa ha dicho que se reforzará el personal-, en coordinación con el apartado de Asuntos Sociales de la Conselleria, que se encargará de la inserción social cuando no se indique plan de inserción laboral.

Efecto llamada

Se reconocerá como un derecho subjetivo a partir de los 23 años, tras un periodo de residencia de dos años en Catalunya, que podrá pasar a ser de tres si se establece un "efecto llamada" -un incremento de como mínimo el 10% de nuevas solicitudes de la RGC de censados recientemente en Catalunya-.

Si una persona no se corresponsabiliza con el plan de inserción y empleo perderá 150 euros del pago, así como toda la prestación si rechaza un trabajo, aunque será complementaria "totalmente" con prestaciones por dependencia, ayudas de transporte y becas comedor.

Toledano ha relatado que la RGC surgió del "espíritu del 15M", con los recortes de 2011, y que, tras lo que ha sido una larga marcha, espera que se apruebe con celeridad en el Parlament para lograr lo que será una superación de la RMI y un cambio de paradigma, en lo que Bassa ha coincidido.

La consellera ha celebrado el "consenso de país" que ha hecho posible la firma del acuerdo, tras años de trámites en el Parlament y meses de negociación con los impulsores, y ha dicho que el escenario ideal será que cada vez haya menos beneficiarios, porque se vayan insertando laboralmente.

Ha añadido que en el acuerdo no se habla de una cantidad cerrada, y que puede aumentar si se actualiza el IRSC -congelado desde hace seis años-, a lo que el miembro de la Comisión promotora Sixte Garganté ha añadido que no tiene que depender de presupuestos, sino que es un "derecho conquistado" y que habrá que luchar contra los prejuicios.