CORRUPCIÓN
Catalá, primer ministro reprobado por el pleno del Congreso y por aplastante mayoría
La Cámara censura también al fiscal general del Estado y al fiscal jefe Anticorrupción || El rechazo de toda la oposición no tiene efectos en la práctica, dado que Mariano Rajoy mantiene su respaldo
Catalá, ayer durante el debate de su reprobación, dejó claro que no piensa dimitir.
El Pleno de Congreso reprobó este martes con el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario, salvo el PP, al ministro de Justicia, Rafael Catalá; al fiscal general del Estado, José Manuel Maza; y al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Catalá se convierte en el primer ministro en ejercicio censurado por la Cámara Baja. La socialista Magdalena Álvarez, exministra socialista de Fomento, fue reprobada por el Senado, mientras que el popular Jorge Fernández Díaz lo fue como ministro del Interior, pero en este caso en comisión.
La Cámara avaló este martes la moción de reprobación presentada por los socialistas contra Catalá por su “responsabilidad política directa” en el caso Lezo y en los nombramientos “a dedo” de Maza y Moix, así como por “poner el ministerio de Justicia al frente de una estrategia de defensa de los corruptos del PP”. No obstante, esta iniciativa no es vinculante para el Ejecutivo, de manera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está obligado a cesarle.
Pese a carecer de valor jurídico, los grupos recordaron a Rajoy que “un gobierno demócrata tiene que atender el mandato de la Cámara que le otorga la confianza”, por lo que -advirtieron- “no le queda más remedio que cesarle”.
“No puede estar ni un minuto más”, dijo la socialista Isabel Rodríguez, que pidió a Rajoy que “cese de inmediato” a Catalá, a quien acusó de llamar a los corruptos, en alusión al mensaje que envió a Ignacio González, y de formar parte de un plan para proteger a los corruptos de su partido. El PP replicó que “el partido de los ERE” no tiene autoridad para reprobar a Catalá y a los fiscales, y Podemos aprovechó el debate para criticar al PSOE su negativa a apoyar la moción de censura contra Rajoy. El PNV reclamó “tomar decisiones que regeneren la confianza ciudadana” en la Justicia, y Ciudadanos avisó de que no se conforma con la reprobación, sino que propondrá reformas para asegurar la independencia de la Justicia y recuperar la confianza ciudadana.
ERC y PDeCAT vincularon su apoyo a la reprobación con el rechazo al papel de Justicia y de la Fiscalía contra el “procés”. Catalá recordó que solo el presidente del Gobierno puede nombrar y cesar ministros. “Eso es lo verdaderamente democrático”, sentenció, descartando su dimisión.
Caso Lezo
- Juan Miguel Villar Mir y la mujer de González, entre los investigados. El juez Eloy Velasco ha citado a partir del 12 de septiembre a 51 investigados en el caso Lezo, entre ellos el empresario Juan Miguel Villar Mir; la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero; su padre Pablo González; dos sobrinas, y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, ya imputado en Púnica. Así, se eleva a 68 la cifra total de investigados en Lezo y Velasco divide el procedimiento en seis piezas, en 5 de las cuales está imputado el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión desde el 21 de abril.
Caso Púnica
- Financiación irregular. El sumario de Púnica refleja un sistema de financiación irregular con el que el PP madrileño dirigido por Esperanza Aguirre habría sufragado las campañas municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008 y que, según Fiscalía, alcanzaría los 4,9 millones de euros.
- La libreta de González. La investigación parte de una libreta de Francisco Granados y de la documentación intervenida al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Según la UCO, pone de manifiesto una contabilidad “B” de gastos electorales “que revela la superación sistemática de los limites de gasto así como numerosas irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal”.
Cifuentes, señalada por la Guardia Civil pero sin imputación del juez La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pide investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011. La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones del entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, según se conoció este martes. Horas después, el juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, descartó por el momento tener como investigada en la instrucción a Cifuentes. Fuentes judiciales consultadas y la Fiscalía Anticorrupción, igualmente preguntada por este asunto, explicaron que una cosa es la mención que puedan realizar los investigadores y otra la valoración jurídica de sus pesquisas. Reacciones La propia Cristina Cifuentes dijo que no va a permitir que nadie ponga en cuestión su honorabilidad y que el informe de la UCO carece de “valor jurídico alguno”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le instó a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre la presunta financiación ilegal del PP porque las afirmaciones de la Guardia Civil sobre ella son “graves” desde el punto de vista político. El PSOE invitó a Ciudadanos a romper el pacto que sustenta a la presidenta madrileña y Podemos urgió a socialistas y la formación naranja a apoyar la censura contra Cifuentes.
