La violación del arresto domiciliario, último obstáculo de Assange para salir

La violación del arresto domiciliario es el último obstáculo al que se enfrenta el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para salir de la embajada ecuatoriana en Londres y viajar a Ecuador, según ha asegurado en Barcelona su abogada Renata Ávila.

Suecia cerró ayer, tras casi siete años, el caso por supuesta violación contra Assange ante la imposibilidad de hacer avanzar la investigación preliminar contra el periodista, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012.

En relación a la comunicación de Scotland Yard de ayer en la que decía que estaba obligado a cumplir con la orden de arresto emitida en su día por la Corte de Magistrados de Londres, en virtud de la solicitud de extradición de Suecia, Ávila ha dicho que "esa orden es inválida" y ha reiterado que "el único obstáculo es esa infracción".

La abogada piensa que esa infracción quizá se podría compensar con "los diez días que Assange estuvo en 2010 aislado en una prisión de máxima seguridad".

En el caso de que Assange pueda abandonar la embajada ecuatoriana, "viajará a Ecuador, que es el país que le ha protegido y le ha dado asilo y todo el apoyo político", ha asegurado Ávila.

Ávila, que asiste hoy a la proyección del documental "Garzón/Assange, el juez y el rebelde", de Clara López Rubio y Juan Pancorbo en el festival DoscBarcelona, ha dicho en una entrevista con Efe que "la decisión de la fiscalía sueca cambia todo, porque cancela la orden de arresto europea y automáticamente sus condiciones de libertad también cambian, y ahora es una persona libre".

La decisión de la fiscalía sueca reitera, según Ávila, que "nunca han pesado cargos contra Assange y que en teoría estaría libre".

El último obstáculo quedará despejado una vez se dilucide "si pesa más un derecho humano como el derecho de asilo o una infracción".

Para ejercer su asilo, recuerda la abogada guatemalteca, "tuvo que personarse en la embajada y pasar los días previos en la protección de la legación, y esa situación el Reino Unido la considera una violación de arresto domiciliario".

Assange fue detenido en Londres el 7 de diciembre de 2010 -justo después de que su portal filtrara cables diplomáticos confidenciales de EEUU- a petición de la Justicia sueca, que le reclamaba por cuatro delitos sexuales de los que no llegó a ser acusado.

Tras perder la batalla legal en el Reino Unido y ante el temor de ser extraditado a EEUU, Assange se refugió el 19 de junio de 2012 en la embajada de Ecuador, país que le concedió asilo, pero Londres ha rechazado desde entonces darle un salvoconducto diplomático para llegar a Quito y la Policía británica le vigila las 24 horas para detenerle si pone un pie en la calle.

Reino Unido también se ha negado a facilitarle el desplazamiento a un hospital después de que el Gobierno de Quito denunciara que necesitaba asistencia médica como consecuencia de su cautiverio de años en un espacio muy reducido y sin acceso a luz natural.

El derecho de asilo es una institución consolidada a lo largo de los últimos quinientos años y reconocida y ejercida de manera habitual en Reino Unido, Estados Unidos y en general en Occidente, ha dicho Ávila, que espera que "una institución como el derecho de asilo no se vea mermado por el caso Assange".

El equipo de abogados que encabeza el español Baltasar Garzón pone desde ahora el "foco" en Reino Unido para que escuche la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias que el 6 de febrero de 2016 consideró arbitraria la detención de Assange.

Ávila ha recordado que "la salud de Assange no es óptima; necesita tratamiento médico por el largo cautiverio sin apenas luz natural ni aire fresco en cinco años en unas condiciones inhumanas".

Dado que el caso Assange es "un caso político", Renata Ávila anuncia que el equipo legal "activará los canales diplomáticos para llegar a un acuerdo" satisfactorio para el ciberactivista.

Para Baltasar Garzón, que encabeza la defensa legal de Assange desde 2012, la decisión de la fiscalía sueca es "una pequeña victoria en un largo camino", según ha explicado Ávila, quien recuerda que detrás está EEUU, que con sus acusaciones de espionaje contra periodistas "pone en riesgo la libertad de prensa y esa es la gran batalla que comienza ahora".