CORRUPCIÓN PRETORIA
Relatan presiones de Muñoz en Santa Coloma por el caso Pretoria
Una exteniente de alcalde asegura en el juicio que el exalcalde les ocultaba información || El acusado tachó de “imbécil asquerosa” a una exinterventora
La exteniente de alcalde de Servicios Territoriales de Santa Coloma de Gramanet, Carmen Moraira, acusó al exalcalde del municipio, Bartomeu Muñoz, de haber “ocultado información” a algunos compañeros de partido en relación a la operación Pallaresa. Durante la sesión del juicio del caso Pretoria de ayer, Moraira explicó que el alcalde “presionaba al resto del gobierno municipal en relación a los plazos y procedimientos relacionados con las modificaciones urbanísticas que se aprobaron en el pleno municipal sobre los terrenos de la Pallaresa”. En este sentido, Moraira aseguró que a Muñoz le interesaba que hubiese “precipitación” y por eso convocaba plenos extraordinarios justo antes de las vacaciones de verano, Semana Santa o Navidad.
La responsable del área de Territorio de Santa Coloma durante los años en que se realizaron las operaciones investigadas en el caso Pretoria, reconoció haber pecado de ingenuidad por haber confiado en el entonces alcalde, así como en otros compañeros de partido.
Por su parte, la exinterventora del consistorio entre 2006 y 2010, Maite Carol, denunció la opacidad del ayuntamiento en relación a dichas modificaciones urbanísticas que incrementaron precio de los terrenos. “Alguna cosa me imaginaba, pero no de estas dimensiones”, reveló cuando explicó el momento en el que se dio cuenta que la recalificación de la Pallaresa aprobada por el ayuntamiento “perjudicaba” al interés público y solo beneficiaba los intereses privados de los promotores. Ante un nuevo intento de recalificación en 2009, Carol se negó a informar favorablemente. Denunció que recibió presiones para que firmara a favor de la modificación de usos de la Pallaresa y dijo que le llegaron a poner el bolígrafo en la mano. Carol, a la que el exalcalde de Santa Coloma tildó de ‘imbécil asquerosa’ según se desprende de escuchas telefónicas reproducidas en el juicio, concretó que su intención era únicamente conocer el precio del suelo en 2001, 2004 y 2009 y que el secretario del Ayuntamiento Francisco Javier Ezquiaga y los técnicos mandaron destruir un informe que concretaba que el valor había pasado de 10,5 a 30 millones de euros.
