JUSTICIA
El fiscal del caso Palau y del 9-N, ascendido a Bruselas
Pide retrasar su marcha unas semanas para acabar con Palau || El ministerio de Justicia le designa para un cargo en la UE
El fiscal leridano Emilio Sánchez Ulled, que se encargó del juicio del 9N al expresident de la Generalitat Artur Mas y del caso Palau, se trasladará a Bruselas para asumir un cargo designado por el ministerio de Justicia en la UE.
El hasta ahora fiscal anticorrupción de Barcelona será consejero de justicia dentro de la dirección general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, según publicó este jueves el BOE.
Esta dirección general gestiona la participación del ministerio de Justicia en los organismos internacionales y de la UE, y también las relaciones con las entidades religiosas, asistiendo al Ministerio de Exteriores cuando es necesario.
Fuentes de Fiscalía informaron de que Sánched Ulled pedirá retrasar durante unas semanas su incorporación al cargo en Bruselas, para poder acabar su trabajo en el juicio del caso del Palau de la Música, que está acabando. Emilio Sánchez Ulled fue fiscal de delitos económicos antes de ser delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, y pertenece a la Unión Progresista de Fiscales que presidió. El Fiscal General, José Manuel Maza, alabó su trabajo y le auguró “una labor brillante”.
Una jueza apartada por Gürtel, presidenta de la Sala de lo Penal La jueza Concepción Espejel, apartada del tribunal del caso Gürtel y del que juzgará la ‘caja B’ del PP por su supuesta proximidad a este partido, fue designada por 11 votos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial como nueva presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Obtuvo el apoyo en bloque del sector conservador, mayoritario de este órgano. La asociación Jueces para la Democracia mostró su “gran decepción” por la elección de la magistrada y añadió que el juez Enrique López, también recusado por sus relaciones con el PP, fue colocado en la Sala de Apelaciones. “Ello es una muestra más de las intenciones por parte de responsables políticos de controlar el poder judicial”, concluyó la asociación judicial
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