El fiscal concluye que el Palau era la “cañería” de las comisiones a CDC

El fiscal anticorrupción leridano Emilio Sánchez Ulled concluyó este martes en la exposicion de su informe final en el juicio del caso Palau, en el que se investiga el expolio de las arcas del Palau de la Música, que la institución cultural “era la cañería por la que transitaba el dinero” que la constructora Ferrovial supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde las instituciones que controlaban. Ulled también aseguró que los tesoreros de Convergència eran solo el “el gatillo de la pistola” del partido para el supuesto cobro de comisiones ilegales a Ferrovial, y que cifró en un total de 6,6 millones de euros.

El fiscal mostró la numerosa documentación que “corrobora” la confesión del expresidente del Palau Fèlix Millet, y del ‘número dos’ Jordi Montull sobre los cobros a CDC mediante la institución. Según el fiscal los documentos demuestran tanto el cobro de comisiones de CDC como “la inestimable colaboración” de Millet y Montull con el partido, que se cuidaban de cobrar sus servicios, según él, quedándose con una parte del dinero que Ferrovial aportaba al Palau para que acabara en las arcas de Convergència.

“Hay documentos que son cócteles perfectos porque tienen todos los ingredientes”, refiriéndose a las presuntas comisiones, aseguró al mostrar la documentación: entre ella figura una carta de Millet al exdirectivo de Ferrovial y acusado Pedro Buenaventura, interesándose por unas obras en Sant Cugat del Vallès, y otro documento, sobre los mismos trabajos, con el supuesto reparto de las mordidas ilegales.

El fiscal también aludió al papel que presuntamente desempeñaban los tesoreros, “a nadie con un mínimo sentido común se le puede escapar que el tesorero solo no puede sostener todo”, afirmó el fiscal. Pese a esta convicción, Ulled explicó que decidió acusar solamente al extesorero Daniel Osàcar, ya que que su antecesor, Carles Torrent, murió, y al partido como entidad, pero no a otros cargos: “Me quedo con aquello que pueda demostrar”.

El fiscal también recodó que precisamente pide la incautación de los 6,6 millones de euros que supuestamente se embolsó Convergència.