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SOBERANISMO

El Govern garantiza que habrá urnas para el referéndum tras dejar desierta su licitación

Asegura que hay alternativas, como la compra de otro tipo de cajas, como las del 9N|| Puigdemont se reúne con los partidos y entidades independentistas para asegurarles que seguirá adelante

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PuigdemontEFE

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El Govern declaró este martes desierto el concurso para la fabricación de 8.000 urnas, al no homologar a las dos empresas que habían superado los pasos iniciales del proceso de licitación, por lo que a partir de ahora activará un plan alternativo para encargar las urnas del referéndum anunciado para el 1 de octubre.

La consellera portavoz del Govern, Neus Munté, manifestó que el Excecutiu tomó la decisión de no homologar a ninguna de las dos aspirantes con posibilidades, Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida, al no acreditar la “solvencia técnica y económica” que se requería.

Las empresas de las urnas habrían recibido presiones directas por parte de la Guardia Civil

El proceso de licitación ha sido polémico porque la Fiscalía se ha querellado contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general en el momento de la licitación, Francesc Esteve, al entender que las urnas podrían usarse para el referéndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abrió investigación la semana pasada a Borràs y Esteve por esta licitación de compra de urnas al admitir a trámite la querella de la Fiscalía.

Este parón en el proceso administrativo para la compra de urnas “no impide que el 1 de octubre pueda haber urnas”, recalcó la portavoz del Govern, Neus Munté, ya que una posibilidad es que ahora el Executiu, liberado de los procedimientos que marca el concurso, se encargue directamente de negociar la compra con una empresa determinada.

Como el concurso que se ha declarado desierto era para la adquisición de urnas de metacrilato, se abre la posibilidad de que puedan ser de otro material, como el cartón, como sucedió en la consulta del 9N con las de cartón fabricadas por los presos de Ponent.

Quiere explicar a los diputados las razones del referéndum, pero sin votación en el Congreso

En medio de la incertidumbre del día, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, reunió este martes por la tarde en el Palau de la Generalitat, después del Govern, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diputados de JxSí y de CUP y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Fuentes presentes en la reunión aclararon que esta se enmarca en los encuentros “ordinarios” que el Govern mantiene con los partidos y las entidades para hacer un seguimiento del referéndum. Una cumbre que se celebró antes de que Puigdemont desvele el próximo 4 de julio los detalles del referéndum, en un momento en el que aún se desconoce el contenido de la ley de transitoriedad y los preparativos de una cita del 1 de octubre.

En la reunión de este martes, Puigdemont, transmitió a los representantes de organizaciones y partidos soberanistas que se “solucionará” la compra de urnas para el referéndum.

La Junta de Seguridad se celebrará el próximo día 10 El ministerio del Interior y la conselleria de Interior han acordado celebrar la Junta de Seguridad de Catalunya el próximo 10 de julio.La Generalitat pretende que la Junta sirva para activar todos los mecanismos para impulsar la máxima colaboración policial, de forma que los Mossos d’Esquadra se puedan integrar en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Otro de los puntos que el Govern pretende lograr en la reunión es que se permita a los Mossos d’Esquadra proseguir persecuciones en caliente en el ámbito de la lucha antiterrorista cruzando la frontera francesa, como se ha decidido para la Ertzaintza.

Detalles

Arzobispo de Barcelona. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que será nombrado hoy cardenal por el Papa Francisco, reivindica el “diálogo” como principal instrumento para rebajar la tensión ante la convocatoria del referéndum de autodeterminación, no pactado con el Estado.

Catalunya en Comú. La portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, afirmó este martes que el ayuntamiento de Barcelona “no será un impedimento” en el referéndum que el Govern prevé celebrar el 1 de octubre.

Apoyo a los alcaldes del PSC. El portavoz parlamentario de ER C, Joan Tardà, consideró “esquizofrénico” que el PSOE se planteen castigar a los alcaldes y ediles del PSC que colaboren con el referéndum. La portavoz del Govern, Neus Munté, dijo que el Executiu “agradece y apoya” a los alcaldes del PSC que defienden la consulta. 

Pastor recibe la carta de Puigdemont once días después El Congreso de los Diputados recibió este martes formalmente la carta que le envió el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, solicitando comparecer en la Cámara baja para explicar su plan independentista soberanista en Catalunya. Así lo confirmaron fuentes parlamentarias que han explicado que la presidenta, Ana Pastor, contestará a Puigdemont por escrito en cuanto analice el contenido de la misiva del president. La carta que Puigdemont anunció que enviaría el pasado 16 de junio llegó once días después al Congreso, concretamente a las 11.45 horas de este martes, de la mano de una empresa privada de mensajería. La Generalitat catalana también había enviado a Pastor vía correo electrónico el contenido de esa misiva, pero la Cámara no podía darse por enterada oficialmente de la petición del president hasta recibir el original. La presidenta del Congreso, la popular Ana Pastor, tiene intención de responder en un plazo “razonable” a la carta de Puigdemont. En su misiva, el jefe del Executiu cree “importante” que todos los diputados del Congreso puedan escuchar las razones que han llevado a la Generalitat a convocar un referéndum el próximo 1 de octubre y plantea la conveniencia de celebrar un debate que considera “necesario”. De esta forma el president respondía a la oferta que le lanzó el Gobierno de Mariano Rajoy de acudir a la Cámara Baja a explicar su proyecto, pero en su escrito sugiere que “no parece razonable” que su propuesta de referéndum deba ser votada, como sí se hizo con el Estatut o la consulta del 9N.

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