El Parlament proclamará en 48 horas la independencia si gana el “sí”

JxSí y la CUP presentaron este martes la futura ley bajo la que se llevará a cabo el referéndum y que califican de “suprema”, es decir que prevalecerá sobre cualquier otra, fórmula para evitar las acciones del Estado y de proteger a quien participe en el proceso. Si gana el sí la independencia se declarará en 48 horas. En caso contrario, se convocarán elecciones.

El proyecto de ley con que el Govern prevé convocar el referéndum del 1 de octubre recoge que el Parlament proclamará la independencia “inmediatamente”, si gana el ‘sí’, para dar paso a un proceso constituyente que culmine en una constitución para la nueva república catalana.

La normativa que ampara el referéndum, redactada por JxSí y la CUP con ayuda de “multitud de expertos”, fue presentada este martes en el auditorio del Parlament en un acto al que se había invitado a todos los diputados pero al que finalmente solo fueron los de Podem y EUiA, además de los diputados de los independentistas.

La normativa declara al Parlament soberano y le habilita para impulsar un referéndum de independencia con resultado vinculante: si gana el ‘sí’ se declarará la independencia como máximo 48 horas después de la proclamación definitiva de los resultados. Esto no implica necesariamente que la proclamación de la independencia sea el 3 de octubre, porque los resultados pueden impugnarse, pero el proceso no se dilataría más de diez días.

Amparándose en la Comisión de Venecia, la ley no fija una participación mínima para dar por válido el resultado, pero los impulsores insistieron en la necesidad de que la afluencia sea “un éxito”. También reiteraron que el 1-O no tendrá nada que ver con la consulta participativa del 9-N. En esta ocasión habrá censo previo y lo elaborará el Govern.

Las mesas electorales se configurarán mediante sorteo público de entre todos los censados, que tendrán la obligación de participar, como en cualquier votación electoral. Podrán participar todas las personas con derecho a voto “en una convocatoria electoral convencional” que sean residentes en Catalunya y en el exterior. El Govern deberá ser neutral en todo el proceso que estará controlado por una Sindicatura Electoral, un órgano nuevo que estará formado por cinco juristas y politólogos propuestos por el Parlament y avalados por mayoría absoluta. De él dependerán cuatro sindicaturas correspondientes a las cuatro capitales y se encargará de velar por la transparencia, la neutralidad, el pluralismo de los medios de comunicación y el escrutinio final.

También acreditará a un equipo de observadores internacionales que seguirán todo el proceso. Todas las autoridades públicas tendrán la obligación de colaborar con la Sindicatura. Los ayuntamientos deberán poner a disposición de este órgano todos los locales que habitualmente se usan como centro de votación. Si se niegan, la ley prevé que se puedan habilitar locales alternativos, y también exige que en todo momento el Executiu deberá facilitar todos los medios necesarios para el correcto funcionamiento.

Los partidos con representación parlamentaria podrán usar el 70% de los espacios públicos para campaña,. Entidades sociales tendrán el otro 30%.

Las claves

La ley protege a los participantes frente a actuaciones del Estado La futura ley del referéndum será “suprema” y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos cargos que colaboren con la consulta y blindarles de cualquier actuación judicial por parte del Estado. JxSí y la CUP estudian aprobarla a través de la lectura única, un procedimiento de máxima urgencia que le daría luz verde sin debate previo. El Consell de Garanties Estatutàries debe pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad usar ese mecanismo en esta ocasión, pero su decisión no es vinculante.