El Pacto de Toledo, paralizado

El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha enquistado el debate en la Comisión del Pacto de Toledo, que retomará sus trabajos en septiembre para intentar cerrar una serie de recomendaciones sobre la viabilidad de la Seguridad Social que deberían haber estado listas en julio.

Y es que tras casi ocho meses de debate en esta comisión, los grupos parlamentarios no han logrado cerrar las dos primeras recomendaciones: las fuentes de financiación del sistema y la revalorización de las pensiones.

Solo hay consenso en la financiación por vía presupuestaria de las bonificaciones

Lo cierto es que se trata de dos de las recomendaciones más importantes, ya que son las que deben garantizar la suficiencia del sistema de la Seguridad Social y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

En el ámbito de la separación de fuentes de financiación hay coincidencia en que las bonificaciones o reducciones a la Seguridad Social se financien vía presupuestos generales del Estado con el fin de aliviar el déficit del sistema. También hay consenso en que la financiación de los gastos de gestión y operativos del ministerio de Empleo y Seguridad Social sean abonados vía presupuestos.

Los partidos políticos también han avanzado en concretar que la financiación de las pensiones de supervivencia (viudedad y orfandad) se mantenga dentro del sistema y no se financien con impuestos.

Sin embargo, el principal escollo que ha paralizado el Pacto de Toledo está en el IRP, que PSOE, Unidos Podemos o ERC quieren derogar para que los pensionistas vuelvan a ligar la subida de su prestación a la inflación.

La portavoz socialista en esta comisión, Mercè Perea, reitera que se “está produciendo una reducción del poder de compra de los pensionistas”, ya que en 2016 el IPC cerró en el 1,6%, por encima de la revalorización mínima del 0,25 % que se produjo. El PP y Cs están abiertos a una reforma siempre que se mantenga el equilibrio financiero del sistema, cuyo déficit ronda los 17.000 millones de euros.

Recientemente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha reiterado que sin medidas adicionales, el incremento por ley del 0,25% será la que se aplique, al menos, hasta 2022, lo que implicaría una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas del 7%.