POLÍTICA
El Congreso concluye que la llamada “Operación Catalunya” sí existió
La comisión de investigación ve probada la existencia de una policía política contra los soberanistas|| Rechazo del PP, abstención de Cs y Podemos prevé una querella
La Comisión de investigación sobre el uso político de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, conocida como “Operación Catalunya”, concluyó este jueves con la afirmación de que sí se utilizó para perseguir a los adversarios políticos y que hubo un “abuso de poder” por parte de sus responsables.
Así lo acordó por mayoría la Comisión, que aprobó un dictamen con el voto en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y siete votos particulares que irán a Pleno para su votación. El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez justificó su abstención en la percepción de su grupo de que no ha existido una brigada de policía política como tal, sino una dejación de funciones en quienes dirigían el ministerio y no controlaron lo que estaban haciendo algunos de sus mandos.
No se aceptó la propuesta de Podemos de llevar las conclusiones a la Fiscalía, pero este partido anunció que presentará una querella para que se depuren las posibles responsabilidades criminales, cosa que no hará el PSOE, una vez que la Comisión constatara las políticas, que personaliza en Fernández Díaz, en el exdirector de la Policía Ignacio Cosió y en su ex número dos Eugenio Pino.
El dictamen concluye que bajo el mandato de Fernández Díaz, “usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura bajo las instrucciones de Cosidó, por orden de Pino, con el conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular”. Y también una estructura creada para el seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos, como el PSOE, Podemos o el nacionalismo catalán.
ERC pide por carta a Maza emprender acciones legales por las revelaciones de “Las cloacas de Interior”
Unas decisiones que supusieron “una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho”.
Se hizo tambien una llamada de atención para “exteriorizar” la “poca colaboración” del Gobierno a la hora de remitir la abundante documentación solicitada por los grupos, si bien, como subrayó el diputado socialista Juan Carlos Campos, a veces ha ido “muy justo de tiempo”.
Campos afirmó que el dictamen pone de manifiesto que se ha vivido “una de las páginas negras de la democracia”, pero a la vez que la fortaleza del Estado de Derecho ha sido capaz de poner de relieve la responsabilidad de los mandos de Interior en ese uso partidista de la policía.
El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, aseguró que en la etapa de Jorge Fernández Díaz en Interior se montó una “brigada política y patriótica” que comparó con los GAL, con la “única diferencia” de que “no mataba sino que perseguía y difamaba a la disidencia política”.
Por otra parte, Joan Tardà (ERC) envió este jueves una carta al Fiscal General del Estado, José Manuel de la Maza, para instarle a que tome acciones legales por las revelaciones que aparecen en el documental “Las cloacas de Interior” emitido en TV3 porque son “muy graves”.