CORRUPCIÓN
La Guardia Civil entra en las instituciones catalanas en busca de información de Gordó
Turull les niega la entrada al Palau de la Generalitat, pero les facilita lo documentos que buscaban || Los agentes hacen una copia de los correos del exconseller y se llevaron su agenda pública del Parlament
La Guardia Civil de paisano y con la cara cubierta, ayer a la entrada del Parlament.
La Guardia Civil acudió este jueves al Parlament, al Palau de la Generalitat y a la conselleria de Justicia a requerir documentación sobre el diputado no adscrito de la Cámara catalana Germà Gordó, a cuatro días de que declare como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por el 3%.
Encabezados por el fiscal anticorrupción José Grinda, los agentes tenían el aval del magistrado del TSJC que instruye el caso, Carlos Ramos, dentro de la causa contra Gordó por las presuntas comisiones que CDC cobró a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas.
En el Parlament los guardias civiles se centraron en las dependencias del departamento de Infraestructuras, Equipamento y Seguridad e hicieron una copia de la cuenta de correo electrónico de Gordó desde que es diputado. Los agentes no entraron a su despacho al no considerarlo necesario para conseguir acceder al correo.
Gordó reaccionó al registro mediante twitter, dando a entender que está tranquilo y sin nada que decir.
En la Generalitat buscaban documentación de cuando Gordó fue secretario del Govern, como la agenda de visitas y una relación del personal que le daba apoyo administrativo. El conseller de Presidencia, Jordi Turull, instó a los agentes a quedarse en la sala de espera mientras se iba a buscar la información requerida porque “la sede del Govern de Catalunya no puede ser lugar de escenificaciones mediáticas de ningún tipo”.
Fuentes del Govern explicaron que “en todo momento el trato con los agentes ha sido correcto” y que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estuvo informado puntualmente de todo lo que sucedió.
Por lo que respeta a la entrada en la conselleria de Justicia, la Guardia Civil se llevó la agenda pública de cuando Gordó era conseller y un listado del personal que había en el departamento en la misma época, según fuentes del Govern.
Esta agenda pública, no obstante, solo recoge los actos protocolarios pero no constan las reuniones que el exconseller hubiera podido tener al margen de estas citas oficiales, según las mismas fuentes. La Guardia Civil tenía la intención de hacerse con el libro de visitas a la conselleria de la época Gordó pero no encontraron.
Puigdemont se pregunta si Montoro pagará de su dinero la amnistía fiscal como piden por el 9-N
Dentro de esta serie de diligencias, los agentes del Instituto Armado también se presentaron al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). La causa del TSJC se mantiene bajo secreto de sumario. A todo esto, Gordó reaccionó con un mensaje en su cuenta personal de Twitter: “Sin comentarios. Cielo sereno”.
Las reacciones de los partidos no se hicieron esperar. Para SíQueEsPot, el registro de la Guardia Civil se ve “la sombra de la corrupción de CDC”. Los populares, por su parte, ven “poco edificante” que Turull impidiera la entrada de los agentes a la Generalitat.
El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, contrastó la actitud de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, permitiendo la entrada de la Guardia Civil en la Cámara con que el conseller de Presidencia, les impidiese el acceso a la Generalitat.
El diputado de ERC Gabriel Rufián expresó su “colaboración total y absoluta” para que se investigue la trama del 3% que afecta a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y defenduó que la Guardia Civil “vaya donde quiera” e “investigue a quien quiera”. “Por ERC, no será”, enfatizó.
Las claves
- Dimisión en Enseñanza. La secretaria de Enseñanza de la Generalitat, Maria Jesús Mier, presentó su dimisión a la nueva consellera, Clara Ponsatí, después de reunirse con la nueva titular del departamento. El director general de Centros Públicos, Lluís Baulenas, ocupará el puesto.
- El TSJC cita a Turull. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya cita a declarar como testigo al conseller de Presidencia y expresidente del grupo parlamentario de JxS, Jordi Turull, en la causa abierta contra la Mesa del Parlament por permitir la votación de dos resoluciones a favor de un referéndum.
- Munté quiere ser alcaldesa. La vicepresidenta del PDe- CAT, Neus Munté, dijo este jueves que le gustaría ser candidata a la alcaldía de Barcelona.
- El letrado mayor del Parlament cuestiona que el 1-O sea unilateral. El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, cuestionó la legitimidad del referéndum unilateral del 1 de octubre y lo describió como un “movimiento táctico” que “puede tener un problema de credibilidad”, en un artículo titulado El futuro político de Catalunya: el papel del Parlament. Según Bayona, la “contraposición del principio democrático y el principio de legalidad” que establece a menudo el independentismo para avalar una vía unilateral podría justificarse en un estado autoritario, pero “puede ser arriesgado” confundir esto con los “déficits que afecten la calidad democrática”. Ciudadanos, PSC, SíQueEsPot y PP celebraron las palabras del letrado porque consideran que rechaza jurídicamente la estrategia del independentismo.
El Gobierno dice que los catalanes no pagarán el 9-N El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, aseguró este jueves que si los miembros de la Generalitat cometen actos “ilegales” dirigidos a la organización de un referéndum de independencia “lo tendrán que pagar ellos” porque no saldrá “ni un solo euro de los catalanes” para “sufragar las veleidades secesionistas de unos pocos”. En la misma línea se pronunció Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que dijo que los independentistas tienen qur “pagar sus fiestas”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias aseguró que un Gobierno “corrupto” como el del PP no puede dar “lecciones” de cómo gastar el dinero público y que es “una broma” que acuse a la Generalitat de responsabilidad patrimonial por el coste del 9N. Para Puigdemont “es terriblemente injusto, es un abuso y una señal de cuál es la calidad democrática del Estado español que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs sean perseguidos por sus ideas y su compromiso democrático y haya quien les quiera perjudicar en su vida personal” y se preguntó si Montoro y el Gobierno pagarán con su dinero lo que no se ingresó por la amnistía fiscal. Contrapuso la actitud del Tribunal de Cuentas con el 9-N y con el rescate a la banca, y lamentó que “sea incapaz de mover un dedo para recuperar 60.000 millones de euros de todos los contribuyentes”.
