PANORAMA
El Govern recurre ante el Constitucional y el Supremo los controles del Estado al FLA
Junqueras asegura que no facilitará a Madrid la lista de funcionarios que certifican las finanzas de la Generalitat || Puigdemont afirma que ya dispone de las urnas que se usarán en el referéndum
La sede del Tribunal Constitucional.
El Govern anunció un doble recurso, ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, contra los nuevos controles estatales al acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y avanzó que no facilitará al Gobierno central la lista de funcionarios que reclama.
El viernes, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que comprobará semanalmente que la Generalitat no financia el referéndum del 1 de octubre con dinero público, de modo que suspenderá las entregas del FLA si corrobora que eso ocurre.
En respuesta a esta advertencia, el Govern decidió ayer acudir a la Justicia para hacer frente a una medida que “amenaza a la parte más débil de la sociedad” catalana, ya que una suspensión del FLA afectaría a “proveedores que ofrecen servicios sociales”. Así lo afirmó el vicepresident del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras.
Además, avisó de que no facilitará al Gobierno central la lista de trabajadores públicos que certifican las finanzas de la Generalitat, pues son “los miembros del Govern” los que certificarán cualquier petición de información.
Asimismo, el Govern acordó garantizar el derecho de defensa de los consellers, los altos cargos y los empleados públicos que, por cumplir acuerdos del Executiu, se enfrenten a procedimientos judiciales derivados del proceso soberanista.
Tanto el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, como Junqueras evitaron desvelar en qué fase se encuentra el proceso de compra de urnas. No obstante, según el diario Ara, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró en una cena el lunes en Madrid que el Govern ya dispone de dichas urnas.
Mientras, el ministerio de Hacienda está analizando la respuesta de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, al requerimiento de Madrid sobre el desvío de 6.150 euros del presupuesto de la Generalitat, con el objetivo de “comprobar”, como dijo, que ese dinero era para el mantenimiento de un software relacionado con procesos electorales y no para el referéndum.
