El Defensor del Pueblo de Cataluña pide que la CE investigue la reforma del peaje eléctrico

El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha pedido a la Comisión Europea que investigue si la reforma del peaje eléctrico, pactada entre el PP y el PNV, "esconde una ayuda de estado encubierta para beneficiar" a empresarios de algunas comunidades autónomas.

Varias asociaciones empresariales catalanas pidieron al Síndic a principios de junio que investigara esta reforma, al considerar que discriminaba a las empresas catalanas frente a las de otras comunidades, y Ribó ha resuelto, después de pedir información a varias administraciones, que la Comisión debería examinar el contenido del pacto por posibles indicios de ayudas encubiertas.

El Síndico también se ha dirigido al Ombudsman Europeo y a la Red de defensores europeos de la energía (NEON) para abordar esta cuestión.

El Gobierno catalán se ha pronunciado contra este pacto y ha denunciado que esconde ayudas de estado encubiertas, puesto que ninguna de las empresas catalanas se beneficiará de la rebaja de las tarifas eléctricas.

El PP y el PNV acordaron suprimir la tarifa 6.1B, que es la que pagaban las empresas para tensiones de entre 30 y 36 kV, y que pasarán de pagar 26,42 euros el megawatt por hora a pagar 14,97 euros.

Las empresas no eligen qué red utilizan, puesto que depende de la que esté instalada en la comunidad, y en Cataluña, entre otras comunidades autónomas, no se utiliza la red a la que se aplica la rebaja.

Según informaron las asociaciones empresariales en junio, esta decisión comporta un sobrecoste estimado de 200 millones de euros anuales para las empresas catalanas.