El Consejo de Estado avala llevar la reforma para aprobar la desconexión exprés al TC

El Consejo de Estado avala el recurso ante el Tribunal Constitucional por la reforma del Reglamento del Parlament de Catalunya al considerar que esa modificación vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.

Así lo recoge el texto del dictamen emitido por unanimidad por esta institución después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo pidiera tras la reforma del Reglamento del Parlament que permitiría la aprobación por el procedimiento de lectura única de la ley que prevé amparar el referéndum del 1 de octubre y la ley de transitoriedad jurídica.

Montoro asegura que Catalunya cobrará el FLA de julio porque no consta que hayan pagado el 1-O.

Teme que las actuaciones de la Guardia Civil “sean el preludio de un estado de excepción”

El dictamen concluye que, con la reforma “priva a la minoría de la garantía de algún instrumento de participación en el procedimiento de lectura única distinto de su mera intervención en el debate de totalidad”.

Al respecto, el PP de Catalunya, junto a Ciudadanos anunciaron que presentarán ante el TC un recurso de amparo contra la reforma del reglamento del Parlament y el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró que “las instituciones están preparadas para impugnar”. La portavoz del PSOE, Margarita Robles, insistió en que la posición del Partido Socialista “siempre va estar “con el cumplimiento más escrupuloso de la legalidad”.

Por otra parte, el Gobierno central envió ayer un nuevo requerimiento a la Generalitat para que les dé los certificados de que ninguna partida pública se estaría destinando al 1-O, porque la respuesta dada hasta ahora ha sido“genérica” y “obvia”. Aún así, el ministro de Hacienda, Cristobal Monotoro, anunció que Catalunya cobrará el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de julio porque no se ha certificado que haya destinado dinero para financiar el referéndum.

barcelona

La Guardia Civil comunicó ayer al director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que le investiga por los preparativos del referéndum del 1-O, en el marco de la causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Compareció ayer como testigo ante la Guardia Civil y, antes de finalizar el interrogatorio, los agentes le notificaron que pasaba a tener la condición de imputado en la investigación policial, al igual que ocurrió el miércoles con el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, imputado por sedición, entre otros presuntos delitos. El Superior de Justicia matizó que no se trata de una imputación judicial, sino que la Benemérita investiga como policía judicial.

También declaró ayer Joan Ignasi Elena, excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, que denunció que el Gobierno central usa los “instrumentos del Estado” para “perseguir y destruir” la disidencia política. Sobre la investigación, el juez decidió prorrogar por otro mes, hasta finales de agosto próximo, el secreto de sumario de la causa que abrió a raíz de las conferencias del exsenador Santi Vidal.

El president, Carles Puigdemont exhibió desde el Parlament su apoyo a Clotet. Puigdemont, Clotet y también el conseller de Presidencia, Jordi Turull, salieron juntos del despacho que el president tiene en el Parlament y fueron juntos al pleno. Desde la CUP el portavoz del secretariado nacional, Quim Arrufat, expresó su temor de que los interrogatorios de la Guardia Civil a funcionarios y políticos soberanistas “sean el preludio de un estado de excepción”, por lo que pidió “estar preparados” para responder “a la represión”.

Para el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, la anunciada denuncia de la Generalitat contra la Guardia Civil y el juez que investiga los preparativos del 1-0 intenta tapar las pugnas internas del Govern.