Junts pel Sí y la CUP acuerdan aprobar la ley de desconexión antes del 1 de octubre

Junts pel Sí y la CUP registraron ayer en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica, la más importante de las llamadas leyes de “desconexión” y que ambos grupos han pactado aprobar antes del referéndum del 1 de octubre, pese a que ha recibido el rechazo frontal de Gobierno central y oposición.

Bautizada finalmente como Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la futura proposición de ley entrará en vigor únicamente en caso de que ganara el ‘sí’ a la independencia en el referéndum previsto por el Govern para el 1-O, para crear un marco legal alternativo al español.

La ley del Referéndum y la convocatoria se prevén para la primera semana de septiembre

Presentada ante la prensa por Lluís Corominas y Jordi Orobitg, de JxSí (PDecAT y ERC), y Benet Salellas y Gabriela Serra, de la CUP, la ley pretende dar la cobertura jurídica al periodo posterior a un eventual triunfo del ‘sí’, por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y la aprobación de una constitución catalana, según la planificación de los soberanistas.

Corominas, jefe de filas de JxSí, recalcó que esta ley de “ruptura” otorga un carácter “vinculante” al eventual referéndum y proporciona un “marco jurídico claro”, mientras que Salellas resaltó que la ley “dinamita cualquier intento” de abrir un nuevo “procesismo”, que concluirá “de forma definitiva” si gana el ‘sí’.

Lo que sí dejaron claro JxSí y la CUP es que la aprobación de la ley se producirá antes del referéndum del 1 de octubre, lo que supone que el PDeCAT, partidario de aprobarla tras la consulta, ha acabado cediendo finalmente a las pretensiones de ERC y la CUP.

Con 89 artículos y tres disposiciones finales, la proposición de ley se convertiría en la “norma suprema” hasta la aprobación de la nueva constitución catalana y las elecciones posteriores, una transición que tendría un plazo aproximado de un año.

Desde la nacionalidad doble a la autoridad fiscal propia

El articulado de la ley prevé que el president de la Generalitat sea el jefe de Estado o permitir a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad catalana y española, entre otros puntos.

El Ejército español, por su parte, debería abandonar Catalunya, cuyas aduanas pasarían a ser controladas por la Generalitat; se continuarían aplicando las normas del derecho de la UE, derecho internacional general y tratados internacionales; y el personal del Estado que preste sus servicios en Catalunya se integraría en la administración pública catalana en mismas condiciones retributivas y empleo, salvo renuncia.

La Generalitat sería la única “autoridad” tributaria; la asunción de la deuda se dejaría a la eventual fase de negociación con el Estado; se mantendrían los derechos lingüísticos de catalán, castellano y occitano; y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se convertiría en Tribunal Supremo de Catalunya.

Entre otros puntos, el Fiscal general de Catalunya sería nombrado por el Parlament y no por el Govern; se crearían instituciones judiciales como la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, similar al Consejo General del Poder Judicial; se eliminaría la jurisdicción militar; y jueces, magistrados, letrados y fiscales podrían seguir en sus plazas, si no renuncian a ello. Asimismo, prevé amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista -no por corrupción, según la CUP-.

Además, se establece el calendario a seguir en un proceso constituyente con tres fases tras el 1-O: una inicial proceso participativo; unas elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente; y, como última fase, ratificación de la constitución mediante un referéndum.

El Parlament podría aprobar la ley del referéndum entre el 6 y el 8 de septiembre cuando se convocaría a las urnas. Cuatro días después de la Diada, el día 15, comenzará la campaña del referéndum del 1 de octubre y en esos 15 días está previsto la celebración del un pleno del Parlament.