Puigdemont acusa al Gobierno de fomentar el miedo con el Tribunal de Cuentas
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de "saltarse el Estado de derecho" y de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada de fomentar el miedo" para impedir el 1-O, tras la última decisión del Tribunal de Cuentas contra Artur Mas y otros diez altos cargos.
El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a once ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente catalán, para que abonen una fianza de 5,12 millones de euros por los gastos de la consulta del 9-N.
En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ha ligado este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.
Antes de la comparecencia, Puigdemont y Junqueras han participado en una reunión en la que también estaban el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, así como diversos miembros del Govern.
Puigdemont, que ha confirmado que esta semana se aprobará la ley del referéndum y ha señalado que el Govern ya está "preparado" para firmar a continuación el decreto de convocatoria, ha expresado su "apoyo total" a los afectados por la decisión del Tribunal de Cuentas.
"Si los tocan a ellos, los tocan a todos", ha afirmado Puigdemont, que ha recalcado que al organizar la consulta soberanista del 9N de 2014 "actuaron en nombre del gobierno de Cataluña", por lo que "no es un ataque a personas en concreto, es un ataque a todos aquellos demócratas que quieren votar" el 1-O.
Puigdemont ha subrayado que "no hay alternativa a votar". "Por más miedo que quieran fabricar, no tendremos miedo. Por más trabas que quieran poner en estos 25 días que faltan para hacer el referéndum, nada lo detendrá. El 1-O acabarán por convencer a aquella gente que tiene dudas", ha asegurado.
La decisión del Tribunal de Cuentas, que ha calificado como uno más de los "órganos politizados" del Estado, "vulnera los procedimientos" previstos, al interpretar de manera "torticera" la normativa de las instituciones y saltarse "garantías fundamentales del derecho de defensa", sin esperar a "leerse" los expedientes que habían pedido a los afectados, ha dicho.
Por ello, el Tribunal de Cuentas se sitúa "en el terreno contrario al Estado de derecho" al llevar a cabo una "represalia económica ante el éxito democrático del 9N".
